Noé Zavaleta
Proceso
XALAPA, Ver. (apro).- El informe de resultados de la Cuenta Pública 2013, correspondiente al tercer año del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, arrojó un presunto daño patrimonial de casi 800 millones de pesos.
De acuerdo con el documento entregado por el Órgano de Fiscalización (Orfis), 69 municipios resultaron con un quebranto financiero por 527 millones 284 mil 954 pesos, que representa 2.67% del presupuesto autorizado a los 212 municipios de la entidad el año pasado.
Entre esas localidades destacan: Xico, Alvarado, José Azueta, Minatitlán, Lerdo de Tejada, Coatepec, Yanga, Cerro Azul, Cosautlán, Isla, Tezonapa, Atoyac, Coatzacoalcos, Jesús Carranza, Acajete, Coyutla, Papantla, Fortín, Castillo de Teayo, Tamalín, Tempoal, Filomeno Mata, Colipa, Soconusco, Rafael Lucio, Tlilapan, Vega de Alatorre, Ixhuacán de los Reyes y Coxquihui.
Por su parte, las Comisiones Municipales de Agua Potable y Saneamiento de Coatepec y Fortín tienen un probable daño patrimonial por un millón 895 mil 95.80 pesos y un millón 295 mil 602.76 pesos, respectivamente.
En tanto, los entes estatales Fideicomiso Público Irrevocable y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente Coatzacoalcos I y del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, así como la extinta Secretaría de Comunicaciones en sus Direcciones de Comunicación e Infraestructura Complementaria, de Caminos Rurales y de Obras Públicas, tienen un presunto daño patrimonial por 267 millones 919 mil 686 pesos, que representa el 0.3% del presupuesto autorizado al gobierno estatal en 2013.
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Francisco Garrido Sánchez, expuso que se “seguirá analizando el informe” para emitir el dictamen de proyecto de decreto y posteriormente proceder al deslinde de responsabilidades con los servidores públicos que haya lugar, en aras –dijo– de darle a Veracruz “un nuevo marco jurídico” en materia de rendición de cuentas.
El informe de resultados fue recriminado por el diputado panista Julen Rementería, quien subrayó que el daño patrimonial tendría que ser mucho mayor, al recordar que en varias dependencias donde se manejan programas sociales ha existido un mal manejo de recursos, además de que en 2013 hubo varios funcionarios del gobierno de Javier Duarte que fueron cesados por utilizar programas sociales con “fines electorales”.
“El Orfis, en lugar de transparentar el ejercicio del gasto público, se ha dedicado a limpiar todo lo que tiene que limpiar, con la complacencia de sus directivos”, expresó.
De acuerdo con Rementería, hay diversas “irregularidades” en el informe de la Cuenta Pública 2013, pues si se considerara una fiscalización integral en “dependencias estratégicas” como las secretarías de Gobierno, Educación y Salud, apuntó, “las heridas” al erario serían mucho mayores.
La Comisión de Vigilancia tiene hasta el 31 de este mes para someter a votación el dictamen correspondiente, que deberá enviarse de nueva cuenta al Órgano de Fiscalización Superior para que se inicie la fase de solventación con base en un calendario.
