Redacción Noticaribe
CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 24 de febrero el Juez Sexto de Distrito de Quintana Roo, Reynaldo Piñón Rangel, reconoció la arbitrariedad del proceso contra el periodista Pedro Canché, así como las violaciones a los derechos humanos y las fallas en su debido proceso. Pero, decidió otorgar al juez de Carrillo Puerto un amparo para efectos y con ello, una “segunda oportunidad” para que subsane deficiencias y contradicciones del caso ilegalmente armado contra el periodista. Evidenciando, una vez más, que persisten prácticas federales que están al servicio de interes políticos estatales y no de las víctimas.
Si bien, el amparo otorgado a Pedro Canché reconoce que no existen elementos de prueba para que Pedro siga en la cárcel, el juez federal decidió no otorgar la libertad inmediata, convalidando los abusos de las autoridades estatales contra el comunicador maya.
Entre las violaciones al debido proceso de Pedro Canché reconocidas y convalidadas por el juez federal destacan que:
- No se acredita que existiera el delito de sabotaje, puesto no se comprobó que el suministro de agua en Carrillo Puerto fuera interrumpido por las protestas realizadas en el municipio del 11 al 19 de agosto de 2014, señalado así por sus acusantes.
- No se comprueba que Pedro Canché tuviera una intención de trastornar gravemente la vida cultural y económica del municipio.
- No se establece la conducta realizada por Pedro Canché para suponer que el periodista realizó sabotaje contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
- No se comprueba que Pedro Canché contratara apersonas para realizar protestas contra el sistema de cobro de agua en el municipio.
- Existen inconsistencias en las pruebas presentadas por las autoridades locales, referentes a las circunstancias de modo y lugar de las acusaciones contra Pedro Canché.
- No se consideraron las pruebas presentadas por el periodista que acreditan su ejercicio periodístico durante los días de la protesta.
- Las autoridades estatales dan prioridad a los dichos de sus testigos sin presentar prueba alguna de ello, lo cual se traduce en una falta de fundamentos.
A estas violaciones al debido proceso se abona que las autoridades responsables de la injusta reclusión de Pedro tienen la oportunidad de interponer recurso de revisión en los próximos 10 días hábiles, lo cual puede prolongar indefinidamente el proceso contra el periodista maya. En todo caso, el juez penal que sigue el proceso contra Pedro Canché tiene la posibilidad de dictar un nuevo auto violatorio de derechos humanos.
Lo anterior vulnera el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual el Estado mexicano es parte, toda vez que el juicio de amparo no se ha constituido en un recurso sencillo, idóneo ni efectivo para restituir a Pedro en sus derechos humanos violados. Ello evidencia una vez más las graves deficiencias del sistema de justicia mexicano, basado en el presunción de culpabilidad; la prisión preventiva como regla y no como excepción y la falta de garantías de defensa adecuada. Además se demuestra las limitaciones inherentes a un recurso supuestamente diseñado para la protección de derechos fundamentales.
ARTICLE 19 ha denunciado desde agosto del año pasado los acosos y agresiones contra el comunicador orquestadas por el gobernador de Quinta Roo, Roberto Borge, por lo que esta decisión vulnera la integridad física y emocional del periodista, quien desde su entrada en prisión ha sido víctima de acosos y hostigamientos por parte de autoridades estatales, entre éstas la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a cargo de Harley Sosa , quien a raíz de la publicación del Diario de un preso de consciencia ordenó a las autoridades de la prisión que le fueran retiradas hojas y plumas y con ello dejara de escribir cartas desde la prisión.
La familia de Pedro también denunció ser víctima de acoso y negación por parte de servidores públicos al informe de salud del periodista. Testigos señalan que entre las personas que intimidaron a los familiares de Pedro se encuentran César Mortera, presidente del movimiento del PRI en Quintana Roo, y el secretario particular de Lino Magos, titular de la Defensoría Pública del Estado, mismos que han sido señalados por hostigar a diversos periodistas críticos al gobierno de Roberto Borge, a través de redes sociales, entre ellos Lydia Cacho, Luces del Siglo, Sergio Caballero (corresponsal de Proceso) y Pedro Canché.
ARTICLE 19 hace un llamado a las autoridades estatales a cesar los ataques contra el periodista maya, así como a las autoridades federales que garanticen el máximo respeto por los derechos humanos de Pedro Canché, una vez que fue demostrada su inocencia y arbitrariedad en la detención del comunicador.
