- Del estado, 241 de los aproximadamente 500 presos y perseguidos políticos del país: ONG
- Le sigue Oaxaca, con 80 casos
- Acuerdan organizaciones solicitar la mediación de instancias internacionales ante autoridades mexicanas
- Fabricación de delitos, práctica común, señalan
Martín Hernández Alcántara
La Jornada
Puebla, Pue. De los aproximadamente 500 presos y perseguidos políticos de México, 241 son de Puebla, lo cual convierte al estado en el de mayor número de acosados y encarcelados por sus ideas, luchas sociales y defensa de los derechos humanos, seguido de Oaxaca, con 80 personas, dieron a conocer participantes del primer encuentro nacional por los presos políticos
Esos 241 poblanos han sido encarcelados, perseguidos o sometidos a juicio con acusaciones falsas durante el actual sexenio, que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas, dijo Miguel Ángel Rosas Bourguess, del Comité para la Libertad de los Presos y el Cese a la Represión Social en Puebla.
En Puebla, agregó, se persigue y encarcela a personas por defender el medio ambiente, el patrimonio histórico y su derecho al trabajo; por rechazar megaproyectos que pretenden despojar de sus recursos a las comunidades, por defenderse de medidas como el arrebato del servicio de registro civil a las juntas auxiliares.
Así han parado en reclusiorios mujeres como Juana Macuitl Cóyotl y su hija, Ángela Macuitl, quienes por haber demandado que la Red Urbana de Transporte Articulado permitiera el pago con monedas y no sólo con tarjeta, fueron juzgadas en junio del año pasado por el «delito inventado» de portación de armas, por lo que tuvieron que pagar una fianza de 480 mil pesos, lo cual las dejó endeudadas de por vida.
También han sido encarcelados los presidentes auxiliares de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez; La Resurrección, Leonardo Sabino Baez Serrano, y San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, por reclamar que se les permita seguir operando el registro civil.
Uno de los casos más conocidos es el del abogado Adán Xicale Huitlé y su hijo de 24 años, Paul Xicale Coyópol, a quienes se les encarceló por defender la zona arqueológica de Cholula del proyecto urbanizador Parque de las Siete Culturas, impulsado por el gobernador Rafael Moreno Valle.
Durante la reunión, representantes de más de 40 organizaciones de todo el país acordaron crear un frente para liberar a los presos.
En nombre del Comité Nacional para la Libertad de los Presos Políticos, Yolanda Barranco anunció que también se buscará que organismos internacionales intercedan ante las autoridades mexicanas, pues muchas personas encarceladas injustamente han obtenido resoluciones favorables de la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, entre otras instancias.
A la mayoría de los «presos políticos» se les inventaron delitos, aseveró Daniel Hernández, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, durante la rueda de prensa que cerró el foro celebrado viernes y sábado pasados en el mercado Hidalgo, en la capital poblana.
Participaron, entre otros, Elia Tamayo, madre del adolescente José Alberto Tehuatlie Tamayo, muerto tras un desalojo de la policía estatal; Giovani Torres Salgado, sobrino de Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá; las esposas de los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero.
Al final del foro se realizó una marcha en el centro histórico, en la que participaron más de 2 mil personas.
La próxima reunión será en diciembre, en Oaxaca.
