Como siempre el cártel más peligroso del mundo –el empresarial– hace lo que le viene en gana…
Patricia Mayorga
Proceso
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El dueño de la empresa inmobiliaria Campo Lindo, Federico Elías Madero, cerró el acceso a la comunidad indígena de Huitosachi, en el Divisadero Barrancas del Cobre, pese a que autoridades judiciales reconocieron a la comunidad como los legítimos propietarios de esas tierras ubicadas en el municipio de Urique.
En 2009 el pueblo indígena inició un litigio en contra de la inmobiliaria por la titularidad legal de esa propiedad ancestral, y en febrero de 2014 la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia reconoció a los habitantes como los auténticos dueños.
La empresa se amparó contra esa resolución y la comunidad indígena solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del caso, que lo admitió y está pendiente de resolverse.
En un comunicado, la asociación Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) dio a conocer que el martes 17 el Ministerio Público (MP) de San Rafael, en presencia de la comunidad de Huitosachi, verificó que la puerta de acceso a la comunidad fue clausurada de nueva cuenta.
Eso ocurrió en septiembre pasado, cuando el administrador de la empresa Campo Lindo puso el candado que el MP ya había retirado de la puerta de entrada al pueblo indígena.
“Con este hecho la citada empresa ha obstaculizado la construcción de obras prioritarias para la comunidad, como la escuela, la casa de salud y el salón comunitario, además de afectar el libre tránsito de las personas, ya que se impide el libre paso de camionetas, de brigadas médicas, así como la salida de enfermos que requieren atención médica urgente”, precisó la organización civil que asesora jurídicamente a la comunidad.
Por su parte, los indígenas interpusieron una denuncia ante el MP de San Rafael, del mismo municipio de Urique, para solicitar que retiren el candado, se respete a la comunidad y se sancione a los responsables.
Por otro lado, este jueves se informó que la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) despidió a dos antropólogas cuyos peritajes han favorecido a comunidades indígenas.
Al respecto, la asociación civil Contec solicitó a la directora general de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado, que revise la medida y, de ser posible, reinstale a las afectadas.
“Hemos sido enteradas de que la delegación de la CDI en Chihuahua ha prescindido de los servicios de las antropólogas Mayra Mónica Meza Flores Díaz y Gloria Gutiérrez Salmuina, lo cual lamentamos profundamente, ya que ellas han conformado parte del personal calificado para la atención a las comunidades indígenas de la entidad y su trabajo ha sido de alta valía, honrando la institución que usted preside”, señaló María Teresa Guerrero Olivares, directora de Contec, en un oficio enviado a Mayorga.
De acuerdo con Guerrero, se trata de personal que ha sido clave en el fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, por lo que solicitaron la intervención de la funcionaria federal para que revise la situación de los despidos y, de ser posible, reinstale a las antropólogas en sus puestos de trabajo.
“En caso contrario, consideramos que las decisiones de esta dependencia deben revestir un carácter legal que vaya encaminado a indemnizar conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo”, concluyó.
