México, 19 de diciembre 2015 (NOTIGODÍNEZ).- El sacerdote católico y defensor de derechos humanos, Alejandro Solalinde Guerra, así como varios colectivos dedicados a la defensa de migrantes, denunciaron que el régimen usurpador de Enrique Peña Nieto utiliza a empresas privadas que operan en la más completa opacidad, para hostigar y hasta asesinar a migrantes centroamericanos, quienes llegan a nuestro país en tránsito hacia Estados Unidos.
Es decir, Peña Nieto no sólo sirve al sector privado entregándole todas las riquezas naturales de la nación. También lo enriquece con cuantosas sumas de dinero público –desconocidas hasta ahora– por ASESINAR A QUIENES BUSCAN MEJORES CONDICIONES DE VIDA.
De acuerdo con el portal Regeneración, Solalinde y los colectivos han documentado agresiones perpetradas por elementos de «seguridad privada» en al menos cuatro estados de la República. También dan seguimiento a ocho casos de «ejecuciones extrajudiciales», o sea, ASESINATOS, por parte del personal de esas empresas.
Entre las corporaciones identificadas se encuentra la conocida como Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle Toluca (CUSAEM), misma que si bien depende de la Dirección General del Gobierno del Estado de México, se ha extendido más allá de las fronteras de esa entidad en poder del PRI, apostando elementos a todo lo largo de las vías del tren desde el Estado de México, hasta Celaya, Guanajuato.
Los agentes del Cusaem han sido vistos agrediendo, amenazando e incluso atacando con armas de fuego a personas migrantes. De hecho, tienen órdenes explícitas de «matar a todo lo que se mueva», según denunció Martín Martínez Ríos, de la asociación civil Estancia del Migrante González y Martínez.
“Ellos mismos nos han dicho que están capacitados para matar y que su consigna es disparar a todo lo que se mueva alrededor del tren”, dijo citado por Regeneración.
Otra empresa cuyo personal ha sido plenamente identificado por perpetrar abusos y violaciones a derechos humanos contra personas en tránsito por México, es la comañía de Servicios Especiales de Protección en México (SEPROMEX). En fechas recientes, elementos de esta empresa agredieron a cuatro migrantes en las periferias de Celaya, Guanajuato. Una de ellas recibió un balazo por la espalda con una escopeta.
“Estas empresas operan en la opacidad total y no hay ninguna claridad respecto a sus atribuciones o quien los envía a trabajar; lo que sí sabemos es que también resguardan las estaciones migratorias, lo que establece un vínculo claro con el Estado”, denunció Leticia Gutiérrez, integrante del colectivo de las Hermanas Scalabrinianas, que igualmente se dedican a brindar asistencia a los centroamericanos que cruzan por México para llegar al vecino país del norte.
Las Hermanas Scalabrinianas han presentado unas 300 denuncias de abusos contra migrantes en nuestro país. Por su parte, el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue «Hermanos en el Camino» y notable por su intenso activismo en favor de los derechos de los migrantes, tiene contabilizadas unas 800 denuncias.
Con información de Regeneración
