México, 25 de enero 2016 (NOTIGODÍNEZ).- La primera sala de la «Suprema Corte de (in)Justicia de la Nación» (SCJN), resolvió el pasado 20 de enero trasladar al pleno la discusión sobre la inconstitucionalidad de los artículos artículos 287 y 362 del Código Penal del Distrito Federal, en los que se tipifican los delitos de «ataques a la paz pública» y «ultrajes a la autoridad» utilizados para criminalizar la movilización social.
Con esta determinación, se estaría retrasando mañosamente –hasta un año o más– la resolución de los amparos promovidos por la activista Gabriela Hernández Arreola, conocida en redes sociales como Luna Flores, y la Liga de Abogados 1 de Diciembre, para derogar los mencionados artículos. Dado que la resolución sería vinculante, otros presos acusados de esos delitos obtendrían su libertad inmediata si los artículos son derogados.
Peor aún, según explicó Guillermo Naranjo, integrante de la liga de abogados y representante legal de Luna Flores, en el pleno estarán participando los «ministros del ala conservadora», entre ellos el criminal Eduardo Medina Mora, quienes sirven descaradamente al actual régimen usurpador interesado en restringir cada vez más los derechos de la ciudadanía.
«Acabamos de salir de la sesión de la compañera [Luna Flores], donde los ministros determinaron que por la relevancia del asunto, éste se tiene que sesionar en pleno, por lo que se mandará otra vez a estudio […].
«Este panorama puede ser complejo porque también intervienen los ‘ministros’ de la llamada ala conservadora, esto es, ‘ministros’ que son presumiblemente de consigna, como Edurado Medina Mora», explicó Naranjo al salir de la sesión de la primera sala, en la que estuvo presente la promovente del amparo, Luna Flores.
Asimismo, explicó que diversos organismos internacionales avalan la inconstitucionalidad de los artículos ya referidos, e incluso la oficina en México del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha pronunciado en el mismo sentido.
Por su parte, Luna Flores agradeció a quienes la siguen apoyando tanto dentro como fuera de las redes sociales, refrendando su compromismo de seguir luchando por la libertad de expresión en nuestro país no obstante la persecución que ha sufrido.
«Doy las gracias a todos los que están aquí por apoyarme, también a las personas en las redes que me apoyan. Les pido que no se olviden de que hay más de 43 desaparecidos en México, que están asesinando a periodistas, que hay varios presos políticos: Nestora [Salgado], Jampsa [Montaño], Bryan [Reyes].
«Yo seguiré firmando, seguiré en proceso y seguiré luchando, no por mi libertad solamente, sino por la libertad de expresión en este país, que es lo que están atacando: la libertad de protestar», dijo Luna Flores al salir de la «Suprema Corte».
Cabe mencionar que antes de entrar a la sesión, el policía asignado a la puerta principal detuvo a la activista por llevar en sus manos unos volantes informativos. El agente argumentaba que «está prohibido repartir propaganda» al interior de la Suprema Corte y pretendía «confiscarle» los volantes, al menos hasta que la sesión concluyera. Sin embargo, gracias a la presión de los otros activistas que la acompañaban, el policía finalmente la dejó en paz.
Estos hechos y otros testimonios vertidos durante el mitin a las afueras del recinto, fueron documentados en video por el colectivo Proyecto 21.20.
La activista Luna Flores, integrante del Frente Oriente y el Plantón Permanente por Ayotzinapa, fue detenida en 2013 por dos policías que la señalaron de haberles lanzado algunos objetos, luego de las movilizaciones por los 41 años del «halconazo». La juez que llevó su causa determinó acusarla de «ultrajes a la autoridad», por lo que Flores permaneció en prisión durante seis meses, pese a que su defensa exhibió videos en los que se aprecia a la activista sentada pacíficamente en el instante en que, según los policías, ella los agredía.
Los delitos de «ataques a la paz pública» y «ultrajes a la autoridad», son utilizados por la policía para realizar detenciones arbitrarias durante movilizaciones, como forma soterrada de persecución política. Por ello, la existencia de tales delitos en el código penal de la capital pone en riesgo a activistas, luchadores sociales, opositores al régimen y ciudadanía en general.
