México, 10 de febrero 2016 (NOTIGODÍNEZ).- Activistas y pobladores del ejido Nueva Esperanza, en el municipio de Tila, Chiapas, denunciaron un «clima de violencia e inestablidad social» en su comunidad y en todo el estado, debido a la presencia de grupos paramilitares vinculados al «Partido Revolucionario Institucional» (PRI) y su satélite, el «Partido Verde Ecologista de México» (PVEM), este último que abandera al desgobernador Manuel Velasco Coello.
De acuerdo con la agencia Proceso, la denuncia fue realizada a través de una carta firmada por Magaly del Carmen Cruz Pérez, viuda del activista Toni Reynaldo Gutiérrez López –secuestrado y asesinado en julio de 2015 a manos de militantes del PVEM–, así como por los ejidatarios de Nueva Esperanza, quienes acusan al desgobernador Velasco Coello de ordenar la violencia para desalentar la movilización social.
“Se criminaliza la protesta social y el gobierno de Chiapas violenta los derechos humanos, además de que se alienta y han reactivado grupos de corte paramilitar y delincuencial los cuales operan con total impunidad”, se lee en la misiva citada por Proceso. “El gobierno pretende invisibilizar esta grave situación y aparenta atender a marchas forzadas las distintas protestas que se presentan con el objetivo de liberar la plaza catedral de San Cristóbal de las Casas”, agrega.
En las pasadas semanas, los desogbiernos estatal y municipal iniciaron una intensa jornada de «limpia» en la ciudad, incluyendo el retiro de vendedores ambulantes, manifestantes y hasta los propios habitantes, para dar la impresión de tranquilidad en el marco de la visita del argentino Jorge Mario Bergoglio alias «Papa Francisco» a San Cristóbal de las Casas.
En tanto, Magaly Cruz Pérez denunció que está siendo hostigada para aceptar una remuneración económica que le ofrecen priistas y «verdes», a cambio de cesar sus reclamos de justicia por el brutal asesinato de su esposo. Concretamente acusa a los regidores Ezequiel Gómez Pérez (PRI) y Alejandro Díaz Martínez (PVEM) de llamarla por teléfono para presionarla.
Asimismo, reiteró que Edgar Leopoldo Gutiérrez Gómez, hermano del exalcalde Limber Gregorio Gutiérrez Gómez –acusado de encabezar grupos paramilitares vinculados al PVEM–, promueve reuniones entre los ejidatarios para condicionarles apoyos a cambio de que la esposa del activista asesinado desista de exigir justicia y se deje «maicear».
“De no aceptar esta condición ellos como ayuntamiento nombrarán al agente municipal y que tomarán por la fuerza y con su gente las oficinas y que tomarán acciones contra quien se oponga o siga manifestándose”, dijo Magaly en la carta.
De igual forma acusaron al jefe de Residencia de la Procuraduría de la Agraria, David Torres Zetina, de otorgar manga ancha al grupo del PVEM para fungir como «autoridad» del Comisariado Ejidal, sin tener facultad alguna para ello.
“No es la primera vez que sujetos ligados a grupos paramilitares del PVEM realizan amenazas en contra de Magaly del Carmen Cruz Pérez y su familia, así como a mujeres y ejidatarios de Nueva Esperanza, para que desistan de exigir justicia por la desaparición, tortura y ejecución sumaria de Toni Reynaldo y de luchar por su derecho a elegir a sus autoridades”, abunda la acusación en la misiva citada por Proceso.
Los activistas responsabilizaron al desgobernador Velasco Coello de cualquier cosa que pueda pasarle a Magaly Cruz y a su familia, así como a los pobladores de Nueva Esperanza que luchan por la defensa de sus derechos humanos y los usos y costumbres ancestrales de su comunidad.
Con información de Proceso
