Por Jesús Cantú
(Proceso)
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En 15 días la Presidencia de la República interpuso dos controversias constitucionales para proteger los intereses de tres de los cuatro mayores multimillonarios mexicanos. Una, el 31 de enero, para preservar los ingresos y la influencia de las televisoras mexicanas contra los lineamientos sobre derechos de las audiencias que promulgó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); y después, el martes 14, para proteger el negocio de la industria minera contra el llamado impuesto ecológico que aprobó el Congreso de Zacatecas.
En el primer caso el Ejecutivo federal antepone los privilegios de las televisoras (entre los que ocupan un lugar destacado Televisa y TV Azteca) por sobre los derechos de las audiencias (Proceso 2101); en el segundo, prefiere acrecentar la riqueza de los dueños de las mineras enclavadas en Zacatecas (donde participan Industrias Peñoles, de Alberto Bailleres, y Minera Frisco, de Carlos Slim) que proteger el medio ambiente.
En junio de 2015, Oxfam México difundió un estudio del economista Gerardo Esquivel –Desigualdad extrema en México–, donde se destaca que el 1% más rico de México concentraba, en 2014, 21% de los ingresos totales del país, y precisaba que la riqueza de los cuatro hombres más adinerados del país (Carlos Slim, Germán, Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Alberto Bailleres) representaba ese año alrededor de 9% del PIB mexicano.
El estudio señala que una característica compartida por estos cuatro multimillonarios es que sus principales empresas están en sectores que requieren concesiones estatales para operar: telecomunicaciones y minería. Hasta hace muy poco ni siquiera se conocían públicamente las reglas para el otorgamiento de esas concesiones, por lo cual era un proceso discrecional, arbitrario y prácticamente secreto. Las concesiones se entregaban selectivamente y les garantizaba a sus titulares poca competencia y grandes ganancias.
Aunque ahora hay reglas menos oscuras y procesos más públicos, lo cierto es que ambos sectores todavía presentan condiciones muy favorables para los titulares de las concesiones y son unos cuantos privilegiados los que las detentan. El mismo estudio señala: “Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales”.
Tras la alternancia en la Presidencia, en diciembre de 2000, los concesionarios han evidenciado esta captura en diversos momentos. Primero fueron los integrantes del duopolio los que mostraron su voracidad, al lograr disminuir a una décima parte el tiempo diario que otorgaban gratuitamente al Estado, gracias al decreto del 10 de octubre de 2002.
Luego, durante el proceso electoral de 2006, consiguieron que el Congreso aprobara reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, que establecía condiciones tan favorables para ellos que la nueva legislación fue conocida como Ley Televisa, finalmente revertida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ese parecía el parteaguas, pues en diciembre de 2007, en la reforma constitucional que precedió a la electoral, se prohibió la compra de tiempo en los medios electrónicos para propaganda político-electoral y ésta se limitó al uso de los llamados tiempos del Estado. Sin embargo, pese a que hay evidentes avances en la nueva legislación en materia de telecomunicaciones de 2014, los concesionarios lograron privilegios que se tradujeron en nuevos negocios y mayores ingresos, al aprovechar los beneficios digitales para la prestación de novedosos servicios y programaciones.
La “captura” del Estado todavía se hizo más evidente cuando el IFT decide expedir los lineamientos para hacer realidad los derechos de las audiencias. Primero embistieron los concesionarios; posteriormente, la Presidencia y el Senado interpusieron controversias constitucionales, y finalmente, el IFT decidió suspender la entrada en vigor de esos lineamientos. Hoy el desenlace está en manos del Pleno de la Corte.
El 23 de junio de 2014 la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación el estudio previo justificativo para declarar área natural protegida a 2 millones 577 mil 126 hectáreas del semidesierto de Zacatecas, con la categoría de “reserva de la biosfera”.
De inmediato los principales grupos mineros (nacionales y trasnacionales) que operan en ese estado reaccionaron, pues sus ganancias resultaban afectadas; finalmente lograron que en noviembre del año pasado, el nuevo gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, se opusiera a la creación de la zona protegida y a cambio le concedieron que introdujera el llamado Impuesto de Responsabilidad Ecológica para gravar la extracción de minerales y materiales diversos del suelo.
Sin embargo, a juzgar por los mensajes vía Twitter del gobernador, no respetaron el acuerdo e incitaron a sus trabajadores a protestar contra el nuevo gravamen, al tiempo que recurrían al amparo, tanto las empresas como la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Y el martes 14 la Consejería Jurídica de la Presidencia promovió una controversia constitucional para echar abajo los impuestos ecológicos, por considerar que se trata de una materia federal, ya que grava la industria minera.
Ya era reprobable el intercambio de la preservación del medio ambiente por un impuesto ecológico, pero ni eso satisfizo a los empresarios mineros que buscan mantener intactos sus privilegios, para lo cual recurrieron a los medios legales a su alcance; pero como los jueces federales rechazaron, en primera instancia, sus demandas, lograron involucrar a la Presidencia en su defensa.
