RAQUEL OLLAQUINDIA
La Jornada
El líder nacional del movimiento de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, informó que el próximo 23 de julio se realizará una marcha en la Ciudad de México, en la que se espera la asistencia de unas 100 mil personas, para protestar principalmente en contra del “despojo” de las tierras ejidales y comunales, que fue autorizado por las leyes secundarias de la Reforma Energética.
Estas acciones por parte del Poder Legislativo Federal, precisó Ramírez Cuéllar, han provocado una situación “grave y crítica”, debido a que se abre la posibilidad de expropiación de este tipo de terrenos “alegando utilidad pública, independientemente de que sea para alguna de las empresas privadas transnacionales” que vayan a participar en el sector de la energía eléctrica o del petróleo y el gas.
Por ello, la primera y principal demanda que enarbolarán el 23 de julio será el de detener estos cambios que ya han ido avanzando en el Senado de la República y ante los cuales, concluyó, “el despojo que han realizado las mineras será un juego de niños porque una gran cantidad de tierra agrícola será sustituida para dedicarse a la explotación de hidrocarburos o energía eléctrica”.
Asimismo, mencionó que otra de las inconformidades que expresarán durante la protesta será el incremento que habrá con la reforma en cuanto al costo de la energía eléctrica para los pozos.
Esto, sostuvo Ramírez Cuéllar, se deberá a que, aunque actualmente se logró tener un subsidio para que tan sólo tengan que pagarse 45 centavos por kilowat, con la entrada de los particulares al sector, las empresas privadas tendrán la posibilidad de cobrar los 7 pesos que tienen como costo real sin apoyo.
Aparte del incremento en el costo de la energía eléctrica, expuso que también se espera un aumento en el precio del diésel y de los fertilizantes, dado que estos necesitan del gas para su elaboración; de forma que podrá haber, como consecuencia, un mayor costo de los productos agropecuarios para el consumidor.
De igual forma, el líder de El Barzón nacional agregó que también se estará denunciando que las zonas como Coahuila, Durango, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, en las que se espera tener un mayor número de exploraciones para gas, que es una actividad para la que se requieren grandes cantidades de agua, son las que presentan una sobreexplotación más grave de sus mantos acuíferos.
Por ello, señaló que “el agua que antes se dedicaba para la agricultura, ahora se va a dedicar para sacar gas”.
Dos semanas después de la marcha que llevarán a cabo en la Ciudad de México, los movimientos campesinos se reunirán con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la Residencia Oficial de Los Pinos, a fin de que se firme un acuerdo por el campo.
En este documento, Ramírez Cuéllar destacó que se establece la unión de Diconsa y Liconsa en una sola empresa pública “que acopie y comercialice 30 por ciento de las cosechas de frijol, de maíz, de trigo, de arroz, de café y de leche. Esto con el propósito de que ya la nueva cosecha de los productores de frijol no caiga en manos del oligopolio que tiene el control del acopio y la comercialización”.
Otra de las demandas que se plasmará en este acuerdo, que está siendo elaborado en estos momentos y que se concluirá aproximadamente el 30 de julio, será la de crear un Banco Nacional Agropecuario.
Esta institución provendría de “la fusión de todos los fondos, fideicomisos, mandatos, para que tengamos un banco que pudiera dar tasas preferenciales y garantizar que no se exija la garantía hipotecaria, la entrega de una casa por parte de los productores, para el otorgamiento del crédito”.
