MARGENA DE LA O
La Jornada
Chilpancingo, 1º de julio. Organizaciones del estado denunciaron que el gobierno estatal incumplió con los compromisos de resolver casos de justicia pendiente y las garantías de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
La dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (Opim), Obtilia Eugenio Manuel, dio a conocer que continúan las amenazas en su contra por denuncias hechas contra militares y paramilitares en Ayutla; apenas ayer (lunes) recibió una por teléfono, alguien con voz de mujer le advirtió que dejara de meterse con el gobierno.
Unos días atrás, el 15, dijo, a la oficina de la Opim en Ayutla, a medianoche llegaron supuestamente del Ministerio Público Militar, a entregarle oficios y citatorios de los procedimientos que interpusieron como organización en contra del Ejército, situación que tradujo como acoso.
La regidora perredista de Iguala, Sofía Mendoza, denunció que el caso de su ex pareja, Arturo Hernández Cardona, y otros dos líderes de la Unión de Pueblos (UP), siguen sin avances, y que a quien la organización señala como responsable, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, sigue con libertad en su actividad política de lado del PRD.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero se comprometió con las organizaciones durante la visita del 7 de junio del obispo Raúl Vera.
El obispo visitará nuevamente el estado el próximo 30 de julio; estará en Taxco en el acto del séptimo aniversario de la huelga de los mineros de la sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) contra Grupo México, y las organizaciones sociales aprovecharán su visita para darle un informe del incumplimiento del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez recordó que la Coidh les otorgó medidas provisionales que incluye, desde seguimiento a las averiguaciones previas contra “paramilitares” que, aseguró, acechan en Ayutla, hasta obras, y seguridad. A excepción de que les asigna temporalmente policías estatales para cuidarlos, el Estado les incumplió con las medidas provisionales establecidas en la sentencia que la Coidh dictó a partir del caso de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, añadió.
Denunció que la presión de los paramilitares continúa en Ayutla, en distintas formas y dimensiones, y les pega desde varios frentes, por ejemplo, recordó el crimen de los líderes indígenas Raúl Ponce y Manuel Lucas, o la esterilización de campesinos, que bien podía parecer el primero un asunto político, y el otro de salud. Mencionó a los hermanos Remigio Cantú que, aseguró, operan y son parte de grupo paramilitares.
Magdalena López, integrante de la Red Solidaria contra la Impunidad, que preside el obispo Raúl Vera, advirtió que de sucederle algo a los líderes sociales que hoy denuncian hostigamiento, el responsable es el Estado. Recordó que en el actual gobierno estatal 13 dirigentes han sido asesinados.
Pronunció a la organización en contra de la detención del líder del Cecop, Marco Antonio Suástegui, y de los nueve policías y coordinadores de la Crac, pertenecientes a la casa de justicia de El Paraíso, casos que incluirán, anunció, en el reporte de incumplimiento.
