Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- El Juzgado Cuarto de Distrito con sede en esta entidad concedió al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) la suspensión provisional contra la llamada “Ley Bala”.
Simón Hernández, abogado del organismo, explicó que con esa resolución las fuerzas policiacas no podrán hacer uso de armas de fuego en contra de manifestaciones sociales mientras no se resuelva el juicio de amparo contra la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza.
Y es que a pesar de que la redacción final de la ley fue modificada, el texto publicado en el Diario Oficial del estado aún permite el uso de armas letales en caso de que los policías consideren que su vida o la de terceros está en peligro.
Hernández señaló que la “Ley Bala” mantiene su espíritu represivo, con disposiciones ambiguas y con criterios discrecionales que atentan contra el derecho constitucional de libre manifestación.
El abogado confió en que el Poder Judicial de la Federación acabe por decretar la inconstitucionalidad de esa ley –aprobada hace un mes en la entidad–, similar a otras que se han publicado en otros estados del país para restringir el derecho a la manifestación y la protesta social.
Altas fianzas a manifestantes
El Poder Judicial del estado fijó fianzas de entre 230 mil y 450 mil pesos a seis personas que fueron detenidas por participar en una manifestación para exigir que las oficinas del Registro Civil vuelvan a quedar a cargo de las Juntas Auxiliares de cada municipio.
El pasado 30 de junio, elementos de la Policía Estatal lanzaron gases lacrimógenos y golpearon con sus macanas a los inconformes (alrededor de mil 200).
De acuerdo con la diputada Geraldine González, la fianza que impuso la autoridad judicial a los seis detenidos en la protesta resulta impagable para ellos y sus familias.
Lo que se pretende, denunció, no es castigarlos por su supuesta falta, sino que sirvan de escarmiento y ejemplo para otros grupos sociales que quieran protestar contra las medidas gubernamentales, aunque sus quejas sean legítimas.
