REFORMA / Redacción
Cd. de México (07 julio 2014).- «Autoridades» indagan una red de tráfico de influencias que importa vehículos a México. [Se investigan a sí mismas, ¡genial!]
En dicha red estarían involucrados altos mandos del SAT, jefes aduanales, jueces, Magistrados, legisladores y líderes priistas.
El SAT se encuentra en un «dilema», [EL DILEMA DE INVESTIGARSE A SÍ MISMO] pues mientras a nivel institucional presentan denuncias ante la Suprema Corte, sus funcionarios asesoran a los importadores a cambio de pagos millonarios y en las aduanas sus agentes facilitan el acceso y reciben una comisión por cada auto que ingresa, según las denuncias.
En la indagatoria destacan 18 empresas que pagan montos millonarios a funcionarios federales y titulares de juzgados y tribunales de Baja California y el Edomex que han permitido que miles de autos chocolate ingresen al País desde EU sin cumplir los requisitos necesarios.
Entre las empresas se encuentran Cristi Automotriz, Grupo Empresarial Caoman, Grupo Empresarial Yamve, Autotrack Importaciones, Autos YMC, A & B Automotriz, Voltok, Arturo Tovar Ortiz S.A. de C.V. y Pastor Perea Ramírez S.A. de C.V.
Además, aparecen nueve que son representadas o están vinculadas al agente aduanal Roberto Ruiz Armas, como Goga Automotriz, Alfa Agro, Autos Adrey y Kikis Automotriz.
Y entre los señalados se encuentra el juez Daniel González Vargas, quien encabezó el juzgado segundo de distrito en Mexicali.
González fue suspendido en 2012 y readscrito a un juzgado de Veracruz.
Sin embargo, el pasado 16 de junio otra vez fue suspendido y se inició una nueva inspección extraordinaria al juzgado de Mexicali.
El juez Héctor Guzmán Castillo es actualmente titular del juzgado segundo de distrito y también es investigado por amparos otorgados.
Además del Poder Judicial, en las indagatorias de esta amplia red también participan la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En la red también se involucra a funcionarios de la Administración General de Aduanas, que encabeza Marcoflavio Rigada Soto, y de la Administración Central de Amparos y de Instancias Judiciales del SAT, dirigida por Alberto Machuca García.
Ambas dependencias son señaladas de ordenar facilidades para la importación a través de las aduanas.
Las investigaciones apuntan hacia los propietarios de las empresas y cabilderos que realizan gestiones con funcionarios del SAT y jueces.
Entre ellos se encuentran Héctor Pedroza, diputado local del PRI en el Edomex y líder de la CNOP, y Enrique Acosta Fregoso, ex líder de la CNOP en Baja California, ex delegado de la Sedatu y actual delegado nacional del PRI en Baja California Sur.
Asimismo, Elí Topete Robles, diputado en Baja California y ex candidato a la Alcaldía de Mexicali; Hiram Rojas Hernández, casinero y ex director de enlace legislativo de la Comisión Especial de Aduanas de la Cámara de Diputados en la Aduana de Juárez y Ensenada.
La Suprema Corte de Justicia solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar a fondo la presunta corrupción en juzgados y tribunales de Baja California que ha permitido que miles de autos usados ingresen al País desde Estados Unidos sin cumplir los requisitos.
El Ministro José Ramón Cossío fue quien planteó al pleno de la Corte la investigación, luego de que en 2012 se resolvieron siete expedientes derivados de la importación de autos usados, algunos de ellos atraídos por los Ministros por solicitud del SAT.
Los casos involucran a cinco Magistrados de circuito que otorgaron amparos y luego insistieron en ordenar la importación de autos sólo con los requisitos del Tratado de Libre Comercio, sin tomar en cuenta los planteamientos de un decreto presidencial de 2011.
El tema de los autos usados ha sido motivo de quejas recurrentes del SAT y de la industria automotriz desde 2010, pero, hasta ahora, el CJF no ha sancionado a los juzgadores.
‘Es de nuestro negocio güey…’
En junio de 2012, REFORMA publicó una conversación telefónica entre Enrique Agosta Fregoso y Elí Topete Robles en la que exhibían negociaciones con funcionarios del SAT y jueces para facilitar amparos.
En la llamada entre Enrique Acosta Fregoso, delegado del PRI en BCS, y Elí Topete, ex candidato del PRI a la alcaldía de Mexicali, se menciona al entonces legislador y actual Embajador de México en Argentina, Fernando Castro Trento.
EAF: Andaba en México cabrón.
ET: Órale ¿y eso?
EAF: Pero me fui ayer en la mañana.
ET: ¿Y eso?
EAF: Y regresé ayer mismo; fui a una reunión al SAT, güey. Y a la Corte.
ET: Órale.
EAF: Y a la Corte, fui a ver un Ministro allá y nomás. Me fui en el avión de las ocho; llegué a la una y allá fueron por mí y tuve una reunión en el SAT y comí con un Ministro de la Corte y con Moreno Collado y vi un abogado allá y para atrás güey y es una chinga, llegué a la casa aquí, llegué como a la una, güey.
ET: Órale.
EAF: Y éste ayer me fui temprano a México y regresé.
ET: ¡Ah!, pues nomás dile ahí al Senador.
EAF: No, ahorita al hijo de su rechingada madre, fui a una pinchi audiencia a una reunión del SAT y le dije: cabrón, acompáñanos, es de nuestro negocio, güey.
ET: Ajá.
EAF: De los carros y no fue el cabrón, se hizo pendejo y ya nomás yo le mandé un mensaje, estoy aquí en México, vine aquí, ando con Hansel. No contestó y a las pinchis dos de la mañana me mandó un mensaje, no se lo contesté y ahorita le mandé uno y me dice que unos jueces suspendieron no sé qué chingados.
Operación en Edomex
La operación en tribunales federales para importar al País miles de vehículos usados desde Estados Unidos no solo ocurrió en Baja California, sino también se extendió al Estado de México.
Registros judiciales indican que por lo menos uno de los amparos que, en los últimos dos años, permitieron eludir requisitos de un decreto presidencial para limitar la importación, estuvo a cargo de Octavio Bolaños Valadez, un juez de distrito de Toluca que acaba de ser ascendido a Magistrado de circuito.
REFORMA publicó el 22 de junio que, desde 2013, la Suprema Corte de Justicia solicitó al Consejo de la Judicatura Federal investigar a por lo menos siete jueces y magistrados de Mexicali, que entre 2011 y 2013 beneficiaron repetidamente a empresas para que importen vehículos sólo con los requisitos del TLCAN, sin cumplir las medidas del decreto presidencial de 2008, renovado en 2011
El amparo en el Edomex fue promovido por Arturo Tovar Ortiz, con número de expediente 1322/2012.
Bolaños Valadez, quien era juez Segundo de Amparo y Juicios Civiles en Toluca, concedió en cinco ocasiones distintas a Tovar una suspensión definitiva para seguir importando autos entre diciembre de 2012 y abril de 2013, pese a que la Corte ya había determinado que este beneficio no debía otorgarse.
Fue hasta enero de 2014 cuando la suspensión fue revocada por un tribunal colegiado.
