Pedro Matías
Proceso
OAXACA, Oax., (apro).- El gobierno de Gabino Cué sumó una recomendación más de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ahora por su presunta omisión en el caso de los sucesos registrados en el municipio de San Juan Cotzocón.
Según la recomendación 12/2014, las autoridades estatales actuaron de manera tardía, con descoordinación e impericia en los acontecimientos que dejaron nueve muertos, más de 180 desplazados, 163 detenidos, mujeres abusadas sexualmente, infante sin clases, abusos policiales y encarcelamientos arbitrarios.
La recomendación suscrita por el ombudsman estatal Arturo de Jesús Peimbert Calvo alcanza también a la autoridad municipal de San Juan Cotzocón, a las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Todas ellas, dice el documento, son corresponsables de que “se tengan resultados tan lamentables como el que en este caso ocurrió, donde resultaron muertas varias personas y el tejido social seriamente lastimado, circunstancias irreparables que tal vez con políticas de gobierno adecuadas pudieron haberse evitado”.
Incluso, refiere que pese a las medidas cautelares y la alerta temprana que emitió la Defensoría continuaron los actos violatorios de derechos humanos, sin que se advirtiera la intervención de las autoridades municipales y estatales para salvaguardar la integridad, el patrimonio y garantías individuales y preservar las libertades, el orden y la paz públicos en San Juan Cotzocón donde durante cinco meses imperó la ingobernabilidad.
Es claro, subraya la recomendación, que en este caso “existió omisión por parte de la Secretaría General de Gobierno para atender a tiempo y de manera eficaz, los hechos que se estaban suscitando en la población de San Juan Cotzocón, y solo se limitó a informar que se encontraba convocando a reuniones de trabajo entre las partes, pero que las personas involucradas no habían acudido, por lo que continuarían las convocatorias”.
Considera “cuestionable que la Secretaría refiera que se encontraba imposibilitada para obligar a la toma de acuerdos ante la falta de voluntad de las partes, pues al tener entre sus atribuciones las de establecer comunicación y coordinación con los Poderes del Estado, debió establecer una coordinación con todas aquellas autoridades e instituciones para enfrentar la problemática de una manera integral a fin de restablecer el estado de derecho.
Sin embargo, “se advierte que no existe un plan de acción coordinado e integral para encontrar una solución a la problemática que se suscitó en San Juan Cotzocón a fin de evitar que se tengan resultados tan lamentables como en este caso.
El ombudsman insiste en que “la falta de atención eficaz y oportuna de los servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno, conlleva una responsabilidad pues faltaron a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, situación que derivó en actos irreparables”.
En el caso particular de la Secretaría de Seguridad Pública, la recomendación subraya que también se advierten omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones porque “fomentó la inseguridad que existía en la población de San Juan Cotzocón, ante la falta de una actuación institucional articulada e idónea para abatir la problemática que se generó a raíz de un problema postelectoral”.
Y es que se tiene documentado que existieron en los accesos a la comunidad una especie de retenes, que limitaban la libertad de tránsito de las personas; inclusive, la Quinta Comandancia de Sector con sede en Palomares, informó que fueron recibidos de manera hostil por el grupo que controlaba la cabecera municipal y los obligar a retirarse de la comunidad, de lo contrario, amenazaban con retenerlos y quemar la patrulla.
Aunque las instituciones estatales debieron actuar con toda diligencia para detener las arbitrariedades que se venían cometiendo; sin embargo, no se advierte que hubiera una adecuada articulación institucional que pudiera atacar de fondo y de manera integral el problema, circunstancia que permitió que éste creciera hasta que hizo crisis con el operativo llevado a cabo el 11 de junio que dejó nueve muertos y cinco heridos.
Esto, dice, “denota claramente que falta desarrollar una coordinación efectiva entre los municipios y la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que pueda garantizarse efectivamente la seguridad pública en el territorio estatal”.
De igual forma, destaca que la Procuraduría General de Justicia del Estado incurrió en omisiones que transgredieron derechos humanos y particularmente el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de María Lombardo de Caso por su negligencia, pues “trató el caso de personas retenidas arbitrariamente vía telefónica, sin cerciorarse mínimamente de la legitimación que tenía la persona con la que entabló comunicación, pues es evidente que no tenía el carácter de autoridad”.
Con dicha omisión, el representante ministerial dejó en estado de indefensión a las personas detenidas arbitrariamente por habitantes de San Juan Cotzocón, y legitimó tácitamente a una persona que se ostentaba como autoridad sin tener el reconocimiento legal para ello; con lo cual, probablemente abonó también a que el problema generado creciera”.
Otra irregularidad cometida por la PGJE es la falta de una coordinación adecuada con las demás instancias implicadas en el operativo del 11 de junio. Del cúmulo de evidencias recabadas, dice, se desprende que probablemente la información que se dio sobre el tiempo y forma en que se llevaría a cabo se difundió a otras personas ajenas a él, lo que permitió poner sobre aviso a quienes serían aprehendidos, quienes la noche previa a la llegada de la policía huyó.
Asimismo, subraya que “muy probablemente no hubo un trabajo de investigación previo sobre las condiciones y riesgos que implicaría la ejecución de las órdenes de aprehensión, ni se coordinó eficientemente la forma en que interactuarían los elementos policiacos de las dos dependencias que intervinieron, circunstancia que probablemente contribuyó al desenlace que tuvo el referido operativo y que fue la lamentable pérdida de la vida de dos Agentes Estatales de Investigaciones y dos policías estatales.
Por último, apunta que existen en trámite diversos legajos de investigación iniciados con motivo de la problemática que se vive en San Juan Cotzocón, por lo que es necesario que los mismos se determinen en tiempo y forma, a fin de que las víctimas de los delitos puedan acceder al derecho a la justicia.
Y cuestiona a la autoridad municipal de San Juan Cotzocón por su omisión al no intervenir pese a que se transgredieron los derechos humanos de sus gobernados al ser encarcelados arbitrariamente, despojados de propiedades, mujeres abusadas sexualmente, impedido la libertad de tránsito, el desplazamiento de familias enteras y la muerte de ocho personas.
