Rosa Rojas
La Jornada
México, DF. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (REDTDT) emitió una acción urgente para solicitar protección a miembros del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO-DH) de Oaxaca, quienes el 8 de julio recibieron dos llamadas telefónicas amenazadoras relacionadas con el apoyo que da esta organización a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), en la ciudad de Juchitán, que se oponen a la construcción de un parque eólico en sus tierras comunales por parte de la trasnacional española Gas Natural Fenosa.
La Red informó que el autor de la primera llamada advirtió de que el personal de CODIGO-DH sufriría graves represalias por apoyar a otra defensora de los derechos humanos, Carmen Ruiz, que trabaja con la APPJ, quien apoya activamente las denuncias presentadas por miembros de la comunidad en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la construcción de dicho parque eólico en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
La segunda llamada se realizó al teléfono móvil de un miembro del personal de CODIGO-DH, y en ella se los amenazaba de nuevo por apoyar a la defensora de APPJ y se les advertía de que “no sabían en qué se estaban metiendo”. Se cree que las dos llamadas están relacionadas con el mencionado trabajo que CODIGO-DH realiza en apoyo a opositores del parque eólico en sus tierras.
Añade que algunos miembros de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca se oponen a que se construya el parque eólico en sus tierras, alegando que no se ha llevado a cabo un proceso adecuado de consulta para obtener su consentimiento libre, previo e informado –como establece la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas–, y que les preocupa el impacto que la construcción tendría sobre su agricultura y sus tierras. A consecuencia de su oposición, estas comunidades llevan varios meses sufriendo amenazas e intimidación, lo mismo que los miembros de CODIGO DH y APPJ.
Subraya que el gobierno ha iniciado un proceso de consulta pero no ha hecho público cómo se llevará a cabo de acuerdo con las normas internacionales o cómo evitará agravar las tensiones en las comunidades.
Asimismo, que defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas en México son con frecuencia víctimas de ataques, amenazas, secuestro y homicidio como represalia por su trabajo legítimo y fundamental y quienes están detrás de esos ataques casi nunca son procesados.
