Miguel Jaramillo y Felipe P. Mecinas
E-Consulta
Cerca de 50 familiares de lesionados y detenidos por el enfrentamiento entre granaderos y juntas auxiliares del pasado miércoles, responsabilizaron al gobierno estatal, encabezado por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, del saldo del enfrentamiento que resultó en cerca de 70 heridos, al menos 10 de ellos de gravedad.
Los agraviados manifestaron su rotundo rechazo a la denominada «Ley bala», ya que afirmaron motivó las agresiones durante la manifestación que encabezaron, mismas que fueron iniciadas por el cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSPE), y que fueron respondidas por los manifestantes.
En ese sentido, el presidente auxiliar de San Martín Tlamapa, de Santa Isabel Cholula, José Salomé Pacio Grande, refirió que los policías no dieron ningún aviso del uso de armas, afirmó que ni siquiera dieron oportunidad de entablar el diálogo, pues inmediatamente usaron gases lacrimógenos, balas de goma, e incluso granadas de balas de goma.
«El gobierno sólo busca culpables, estamos conscientes que no íbamos con armas, ni siquiera nos dieron chance de entablar el diálogo, inmediatamente empezaron a agredir», declaró.
Por su parte la diputada federal, Roxana Luna Porquillo, manifestó su apoyo a los involucrados, principalmente a Elia Tamayo y su hijo de 13 años, José Luis Tlautle Tamayo, quien se encuentra en terapia intensiva tras ser golpeado por lo que aseguran fue una bala de goma y no un proyectil arrojado por la comunidad.
Al respecto, la diputada mencionó que la madre del menor ha sido víctima de presiones por parte de la Secretaría General de Gobierno, luego que personal de esta dependencia supuestamente la ha presionado para firmar documentos en donde responsabilice a los manifestantes y no a los granaderos, tal como lo hizo en su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Asimismo, denunció que desconocen el estado en el que se encuentra José Luis, ya que los doctores del Hospital del Sur, en donde se encuentra en terapia intensiva, no han informado de su condición.
Luna Porquillo afirmó que además de los 4 detenidos, hasta este momento una mujer de la tercera edad de más de 65 años está desaparecida, pues el reporte de personas arrestadas es de 4, por lo que también responsabilizó al gobierno morenovallista por lo que pudiera pasarle.
Finalmente, tanto la diputada, como el presidente auxiliar y los afectados, pidieron al ejecutivo estatal reconsiderar la aplicación de la ley bala, lamentando que faculte a la policía de agredirlos sin importar la presencia de niños y mujeres.
De igual manera, aseguraron que mantendrán su postura de rechazo sobre el retiro de los registros civiles en juntas auxiliares, ya que negaron existan procedimientos de corrupción en la expedición de documentos, como lo ha afirmado Moreno Valle, y recordaron por ello la importancia que estos servicios sean cercanos a sus poblaciones.
De acuerdo con el reporte de los pobladores de Chalchihuapan, entre los detenidos la tarde del miércoles se encuentran Félix Xelhua Montes, Sergio Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo, Antonio Montes Contreras y Martina Ocelot, estos últimos de 80 y 65 años de edad, respectivamente; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) sólo reportó la detención de cuatro.
Mediante un comunicado de prensa enviado la noche del jueves la dependencia dio a conocer que Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tacalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras serían consignados en las próximas horas, pero no dio detalles de Martina Ocelot.
El gobierno del estado responsabiliza a los detenidos por los delitos de ataques a la vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, lesiones, daño en propiedad ajena doloso, motín, privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa y robo.
