Julio Hernández López
La Jornada
afael Moreno Rosas nació en 1968, justo el año de la nefasta coronación histórica del diazordacismo en Tlatelolco. Su abuelo, el médico militar luego llegado a general, portador original del apellido Moreno Valle que con ánimo dinástico ha mantenido la familia (los fundadores fueron Efraín Moreno y Engracia Valle), fue secretario de Salubridad y Asistencia en el gobierno del propio Gustavo Díaz Ordaz, quien lo hizo gobernador de Puebla para el periodo 1969-1975, aunque sólo pudo sostenerse en el cargo hasta 1972, pues cayó en medio de acusaciones de represión a movimientos sociales, agresiones selectivas a opositores e intolerancia hacia las críticas en medios de comunicación (ya en la Presidencia de la República un Luis Echeverría que buscaba deshacerse vengativamente de algunas de las piezas políticas que le había dejado el poblano Díaz Ordaz).
Moreno Rosas, es decir el actual Rafael Moreno Valle que gobierna Puebla, hizo carrera política en el mismo partido de su abuelo y su padre, el Revolucionario Institucional, bajo cuyas siglas fue diputado federal y local, llegando a presidir la Gran Comisión del Congreso poblano. Aliado a Elba Esther Gordillo, pasó al PAN para ser candidato a senador, aunque dejó su escaño para ganar la gubernatura poblana en julio de 2012, postulado por PAN, PRD, Nueva Alianza (el partido gordillista) y Convergencia.
La gestión de Moreno Valle Rosas ha estado claramente orientada al privilegio de grupos empresariales que le son cercanos, a la fastuosidad y las pretensiones monumentales, a la aplicación de mano dura contra los opositores y a la alimentación de una precandidatura presidencial que desde el PAN buscaría el apoyo de otros partidos. De entrada ha conseguido asentar sus ensoñaciones presidencialistas en el ámbito de Gustavo Madero, a cuya obtención de un segundo periodo de mando contribuyó en términos políticos y económicos, sustentando en términos materiales una buena parte de la campaña del chihuahuense que se guarda para sí mismo ciertas aspiraciones de llegar a Los Pinos, pero que estaría dispuesto a empujar a un personaje como el mencionado Moreno Valle Rosas.
En torno al presupuesto poblano también se mueven grupos “de izquierda”, específicamente perredistas, sobre todo chuchos, pero también los pertenecientes al grupo localmente dominante, el encabezado por el senador Miguel Barbosa, quienes alientan la tesis de una candidatura “plural” en 2018, con el gobernador local a la cabeza. En esos diseños futuristas, el mandatario ex priísta, ex gordillista, aún panista y aplicado ensalzador de Peña Nieto, nombró en abril de 2013 a Luis Maldonado Venegas secretario general de gobierno. Veracruzano de nacimiento, priísta cercano a Esteban Moctezuma Barragán y partícipe en campañas presidenciales del tricolor, Maldonado fue presidente nacional de Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, cuyo dueño político es Dante Delgado, y bajo esas banderas fue diputado federal y senador. En mayo recién pasado se afilió al PRD; en presencia de Jesús Zambrano y ante reporteros aseguró que su nueva militancia no obedece a un plan para trabajar en la conformación de una plataforma política para postular a Moreno Valle a Los Pinos en 2018.
Sin embargo, la temprana y partidistamente promiscua precampaña del gobernador poblano se ha topado con una rápida consecuencia mortal de una de sus decisiones más polémicas, incluso a nivel nacional, la famosa ley bala, que en pocas palabras faculta a agentes policiacos y de seguridad pública a utilizar fuerza letal contra manifestantes que consideren peligrosamente violentos. De las macanas, los gases lacrimógenos y las descargas eléctricas podrían pasar esos policías al disparo de proyectiles mediante armas de fuego. Balas de plomo o de goma, a discreción de los ejecutores, aunque en Puebla las autoridades niegan que en el caso del menor de edad José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo se hubiera utilizado material plástico. El escolar de 13 años de edad fue golpeado en la cabeza por un objeto contundente durante el desalojo policiaco de una protesta en la carretera Puebla-Atlixco. La madre del menor, Elia Tamayo, ha dicho que a su juicio el culpable de todo es el gobernador Moreno Valle.
Voceros gubernamentales han negado en Puebla el uso de balas de goma (se ha llegado a decir que tales versiones son “un mito”), al igual que se sostuvo oficialmente esa versión luego del impacto en San Lázaro el uno de diciembre de 2012 contra el profesor Francisco Kuykendal, quien fallecería tiempo después a causa de esa agresión policiaca en el marco de la protesta contra Enrique Peña Nieto en la que el estudiante de la UACM Uriel Sandoval perdió un ojo a causa de otro impacto de bala de goma.
La aprobación de la llamada ley bala en Puebla (el pasado 19 de mayo, con 32 votos de PRI y PAN a favor, y cinco en contra) y su funesta aplicación, forman parte del atrincheramiento jurídico y operativo que los impopulares poderes del país se han construido ante una cada vez menos silenciosa irritación social que aún no logra vertebración nacional ni claridad programática, pero que es plenamente percibida en esas alturas gubernamentales. En Puebla está a la vista el fracaso de las “alternativas” promovidas por PAN y PRD y es evidente el uso de la plataforma estatal para un proyecto de presidencialismo con tintes diazordacistas. Ni allí ni en otros estados igualmente dominados por personajes frívolos, autoritarios y con pretensiones transexenales, como el chiapaneco Manuel Velasco o el quintanarroense Roberto Borge, o en el plano federal peñista, deben mantenerse vigentes esas normas represivas. Las protestas sociales se incrementan por el gravísimo déficit gubernamental en atenderlas y resolverlas. Tal problema no se resuelve con balas, de plomo o de goma, sino con buen gobierno, honestidad, oficio político y respeto estricto a las otras leyes, las que no han sido pensadas en función de una guerra contra las protestas populares. Y, mientras continúa el maratón legislativo con ganadores extranjeros predeterminados, ¡hasta mañana!
