Martín Hernández Alcántara y Liz Vilchis
La Jornada (Foto: Pobladores de Chalchihuapan pintaron consignas contra Moreno Valle. Foto: Víctor Hugo Rojas / Proceso)
El gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas pretende hacer de la represión a vecinos de Chalchihuapan –por la que falleció el niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo– “una reedición burda de todos los argumentos” que usó el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en 1968, aseveró Aurelio Fernández Fuentes, director de La Jornada de Oriente.
Entrevistado ayer en la primera emisión de Noticias MVS, cuya titular es la periodista Carmen Aristegui, Fernández expresó que si existiera aún el muro de Berlín, la administración morenovallista no dudaría en aseverar que la confrontación entre policías estatales y pobladores que protestaban por el retiro del registro civil a las juntas auxiliares fue resultado de una “conjura comunista”.
Las aseveraciones del periodista las hizo tras escuchar la entrevista que en el mismo espacio le hicieron al titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Víctor Antonio Carrancá Borguet, quien señaló que la represión a pobladores de Chalchihuapan –que cerraron la autopista Puebla–Atlixco en protesta porque el gobierno de Rafael Moreno Valle les retiró el servicio de registro civil– pudo haber sido provocada por los propios pobladores para generar un conflicto.
“Yo quiero decirle a Carrancá que él tiene que guardar un prestigio, incluso familiar. Lo que se está constituyendo en Puebla es una reedición burda de todos los argumentos que yo recuerdo bien, del 68. Ha planteado el secretario General de Gobierno (Luis Maldonado Venegas) que lo que pasó se trató de una maquinación, que lo que sucedió fue una maquinación, ahora lo repite Carrancá, de los pobladores para una trampa para la Policía, y una cosa maquiavélica ahí para argumentar una barbaridad, una brutalidad policiaca, una más. A mí me preocupa porque el prestigio de él está, igual que el de Maldonado, porque a Moreno Valle no le importa, él va a lo suyo y pasa por lo que sea”, expresó Aurelio Fernández.
Y añadió: “Pero es muy importante que nosotros contemos estas cosas, porque esto va a quedar registrado como un gobierno perfectamente brutal, porque este no es el único episodio, es el más lamentable por la muerte del niño, pero ni siquiera es el primer muerto: se murió un hombre de 90 años (Delfino Flores Melga) en la cárcel porque no le dieron derecho a ser juzgado en su casa, derecho al cual tenía a partir de los 70 años, y que estaba acusado de invasión de tierras. A otra persona (Antonio Esteban Cruz) en la Sierra Norte por defender sus tierras lo asesinaron también. Y también diría que no ha sido esclarecido el asesinato del ex rector de la Universidad (Autónoma de Puebla, Samuel) Malpica.
“Hay muchas cosas ahí, pero hay 31 personas en la cárcel, por lo menos hasta donde hemos podido averiguar, detenidas por cuestiones sociales. Ha habido más de un centenar de detenidos en estos tres años, hay ya una hostilidad en todos lados. Es decir, estamos en presencia de un despotismo individual de Moreno Valle que tiene aterrorizados en primer lugar a sus funcionarios, a los diputados, a los medios que controlan de una manera que verdaderamente da vergüenza cómo lo hacen, atemorizándolos, amedrentándolos con dinero, con quitarles los recursos, una cosa muy vergonzosa”, remató.
Sobre lo dicho por Carrancá respecto a que el niño falleció por un cohetón, el director de esta casa editorial señaló que deben contratar a peritos independientes y no ser el gobierno el que determine las causas de la muerte, pues hasta ahora todo indica que es una manipulación de los hechos. “El gobierno ahora se vio acorralado por una oleada de críticas… (pero) la represión en Puebla es la norma”, sentenció.
Fernández Fuentes advirtió la mañana de ayer que la represión ejecutada por el gobierno del estado a vecinos de San Bernardino Chalchihuapan y la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo no son hechos aislados, sino parte de una cadena de arbitrariedades y abusos de poder cometidos por Moreno Valle Rosas a lo largo de su sexenio.
Recordó los casos de represión y persecución del morenovallismo a mototaxistas y opositores al gasoducto Morelos, además del encarcelamiento de los ambientalistas Abraham Cordero Calderón, Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas Vélez.
De esta última dijo que está detenida, acusada por el robo de dos celulares y la retención de personal que realiza el Proyecto Integral Morelos, con lo cual se demuestra el grado de injusticia e inverosimilitud al que se está llegando para imponer la voluntad gubernamental.
También hizo referencia a otros instrumentos de autoritarismo, como la llamada #RafaMordaza, ley que suprime la pena corporal por los llamados “delitos de prensa” –difamación, injuria y calumnia, los cuales son considerados represivos y pertenecientes a sistemas del siglo XVIII–, que ahora dejan al periodista en la calle antes de ingresarlo a la cárcel.
Asimismo, habló de la ley de despojo, que deja en total estado de indefensión a campesinos frente a proyectos particulares o gubernamentales.
Agregó que el control que Moreno Valle ejerce es tal que tiene sometido al Congreso y sus funcionarios “están aterrorizados”, al igual que la mayoría de los medios de comunicación, a los que amedrenta con retirarles los convenios de propaganda gubernamental.
También entrevistada en MVS Noticias, primera emisión, la diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Roxana Luna Porquillo lamentó que el gobierno del estado no esté dispuesto a dialogar por los hechos ocurridos el 9 de julio.
La legisladora denunció a los funcionarios del gobierno morenovallista por la opacidad que han mostrado en el caso del menor, puesto que dijo que la madre, Elia Tamayo, en todo momento fue acosada para que responsabilizara de los hechos a sus vecinos y que se habría enterado de la muerte de su hijo por medio de un comunicado que la administración estatal dio a los medios locales
Además, Luna Porquillo manifestó que el menor fue desconectado pese a un amparo que tramitó la madre por el derecho a la vida que marca el artículo 22 de la Constitución; sin embargo, el mismo sábado Tehuatlie Tamayo fue desconectado.
La perredista también apuntó que el gobierno morenovallista actúa de manera “brutal” contra las manifestaciones y no preserva los derechos de los pobladores de las juntas auxiliares, y lamentó que Moreno Valle haya montado una campaña para responsabilizar a la madre y a los vecinos de Chalchihuapan del asesinato del infante.
Finalmente, hizo un llamado a los funcionarios y medios oficiales a que “dejen preocuparse por salvar la imagen del gobernador” y que garanticen mecanismos de diálogo.
