Norma Trujillo Báez
La Jornada
Existen recursos jurídicos y sociales que pueden echar abajo los 112 proyectos de presas estado de Veracruz, porque mientras en el caso del río Los Pescados se sigue un juicio de nulidad de la veda, el gobierno del estado no ha tomado con seriedad que estas presas traerán problemas ambientales, dijo la integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Rosalinda Hidalgo.
En entrevista, la activista sostuvo que hasta que no exista una discusión a nivel estado que se plantee para qué se quieren este tipo de proyectos, las amenazas a los ríos van a estar, también se sabe del nuevo proyecto en Tatatila, una nueva presa, “hasta que no se reconozca, este tipo de proyectos provocan daños ambientales entonces se podrá dar un paso a favor de la población, hasta hoy no se ha puesto una mesa real en donde se vea cuáles son los proyectos negativos de estos y que se pongan a consulta”.
Ya que mientras se pudo suspender la obra de la empresa Odebrecht en el río Los Pescados, de la cuenca de La Antigua, en Jalacingo, Tlapacoyan, en lo que es el río Bobos, los proyectos siguen avanzando, dijo, quieren imponer este tipo de proyectos, “ya se vio que no traerán beneficios económicos, no hay un pronunciamiento claro ni del gobernador, ni de las autoridades”.
También dijo que los pueblos indígenas no han lograrse unirse para hacer el reclamo, todavía se han visto casos aislados, como en el del río Los Pescados, en donde se llegaron a unir los pueblos afectados, pero no se ha podido hacer una alianza estatal para exigir la no instalación de las presas.
Del proyecto de la presa en el río Los Pescados, señaló que con las diferentes localidades, el campamento sigue, porque Odebrecht ya no está, en donde se conjugaron muchos actores, principalmente la gente de los pueblos de la cuenca, académicos, grupos ambientalistas y periodistas, por eso habría que ver qué pasos se siguen.
Porque al momento no ha habido un decreto estatal que el río La Antigua está libre de las presas, hasta que exista un decreto podremos tener un triunfo total, porque a la fecha sólo se dio una multa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra de la empresa brasileña por 150 mil pesos, multa inferior al daño que hicieron.
