Verónica Macías
El Economista
Únicamente nueve de las 31 entidades y el Distrito Federal contemplan en sus códigos penales el delito de abuso sexual como grave.
Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y el Distrito Federal tipifican este ilícito como grave y sin derecho a fianza, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad.
Sin embargo, las penalidades no son tan severas, sólo en el estado de Jalisco se dan entre 12 y 20 años de prisión a quien cometa abuso sexual en contra de un menor de 18 años.
Las entidades que estipulan como grave el ilícito en sus códigos penales estatales tienen como mínimo una penalidad de seis meses y una máxima de 10 años.Las 23 entidades restantes no califican como delito grave al abuso sexual y los abusadores pueden salir bajo fianza, con montos que van desde los tres días de salario mínimo hasta los 1,200 días.
EL JUEZ QUE INTENTÓ VIOLAR A UN NIÑO
En Chihuahua, uno de los estados en los que no se tiene considerado como delito grave el abuso sexual de menores de edad, ocurrió hace unas semanas un caso que indignó porque involucró a un juez, quien quedó en libertad al día siguiente de ser denunciado. Jacobo Pinchuk Molina, juez cuarto de lo Civil en Ciudad Juárez fue acusado de este delito en contra de un adolescente de nueve años.
De acuerdo con la versión de los padres del menor, Pinchuk realizó tocamientos en sus partes íntimas cuando el niño se encontraba en el baño de un centro comercial. Posteriormente, una persona que lo vio lo denunció ante un guardia de seguridad.
El hombre, de 64 años de edad, fue liberado bajo caución, con el argumento de que el abuso sexual no es delito grave, sólo será investigado.
IMPUNIDAD EN CHIAPAS
También en Chiapas se han presentado casos de agresiones sexuales contra niños, sin que las autoridades hayan buscado a los responsables. El pasado 16 de julio, una veintena de organizaciones sociales exigieron a los gobiernos federal y de Chiapas atender los casos de violencia sexual cometidos por profesores de escuelas públicas contra, al menos, 30 estudiantes, todos son casos impunes desde el 2010 a la fecha.
Las asociaciones agrupadas en la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) han referido que dichas agresiones ocurrieron en escuelas ubicadas en los municipios de Arriaga, Palenque, Tila, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza, Las Margaritas y Chanal.
La Redim aseguró que las autoridades educativas fomentan la impunidad, desacreditan los testimonios de las víctimas y actúan en complicidad con los agresores, encubriéndolos o removiéndolos a otro plantel, lo que coloca a más niñas, niños y adolescentes en riesgo.
Ante tal situación, demandaron al gobierno estatal crear un programa estatal de prevención y atención de la violencia sexual, en armonía con un Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, cuyo diseño y evaluación incorpore la interlocución con niñas, niños y adolescentes.
ESCONDEN VIOLACIONES CON MATRIMONIOS INFANTILES
Juan Martín Pérez, director de la Redim, lamenta que en varios códigos civiles estatales se autoriza el matrimonio infantil con jóvenes de 14 años, “buena parte del estupro, corrupción de menores, incluso la violación, son cubiertos con un matrimonio infantil”.
Además, la corrupción y la impunidad son factores que en muchos casos evitan el castigo de los agresores, ya que muchas veces contratan a despachos de abogados con experiencia en el tema del abuso sexual para desestimar pruebas.
La investigadora Elena Azaola coincidió con Juan Martín Pérez en la revisión de las leyes para evitar lagunas legales y que no queden impunes los delitos, aunque, agregan, se requiere abatir la impunidad, evidenciando posible tráfico de influencias, y crear un sistema nacional de garantías en favor de los menores, para atender esta problemática y otras que padecen los niños y jóvenes de México.
