Los verificentros han sido concesionados a empresas del D.F. vinculadas a Jorge Kahwagi, el «galán» de la foto.
Yadira Llaven Anzures
La Jornada
Uno de los dirigentes de la Asociación de Verificadores Vehiculares del Estado de Puebla, Martín Maldonado García, dio a conocer que presentarán denuncias penales en contra del secretario de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, Mario Rincón, por los delitos de daño en patrimonio y perjuicio contra más de 60 ex concesionarios.
La denuncia ante el Ministerio Público también va en contra del director y el jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural, por los mismos ilícitos.
Maldonado García informó que a su vez se interpondrá un amparo para buscar la devolución por la vía legal de los verificentros a los 85 concesionarios poblanos.
El anuncio fue hecho este lunes, previo a la partida de la marcha–caravana “Por la Dignidad de los Poblanos”, del municipio de San Martín Texmelucan a la Ciudad de México.
Adelantó que ambos recursos legales serán interpuestos la próxima semana, mientras manifestó trabajan en el armado de expedientes para poder sustentar la denuncia.
En ese sentido, aseveró que más de 60 establecimientos que se encuentran clausurados están siendo saqueados con mobiliario y herramientas tecnológicas que utilizan para la verificación de los automóviles.
Por tal razón, precisó que presentará evidencias, con fotografías y videos, de cómo están siendo saqueados los verificentros.
En entrevista, Martín Maldonado acusó que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas privilegió la entrega de las concesiones de verificadores a un grupo reducido de empresarios de la Ciudad de México, que incluso cuentan con establecimientos clausurados por incurrir en actos de corrupción.
No descartó que entre estos beneficiados esté la familia del secretario de Infraestructura, José Cabalan Macari, a través de su primo el boxeador, dueño de verificentros en la capital del país y ex coordinador de la fracción parlamentaria del Verde Ecologista en la Cámara de Diputados, Jorge Kahwagi Macari.
En ese contexto, el afectado exigió al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, que les sean regresadas las concesiones de verificentros, pues lamentó que más de 500 familias se hayan quedado de forma directa sin su fuente de empleo.
El declarante expuso que se sumaron a la marcha–caravana para exigir la intervención de la Secretaría de Gobierno federal (Segob) en los serios conflictos sociales que padecen en Puebla, de manos de un gobierno represor como el de Moreno Valle.
Enlistó que en conjunto participan varios sectores de la población que han sido golpeados por la actual gestión, desde pobladores, familiares y autoridades del pueblo de San Bernardino Chalchihuapan, que exigen el esclarecimiento del asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, primera víctima de la #LeyBala, así como de la muerte del activista Delfino Flores Melga, hasta la devolución del Registro Civil a las juntas auxiliares de la entidad.
Con el respaldo de la diputada federal Roxana Luna Porquillo, comentó que buscarán que se haga justicia en el estado.
“Vamos al DF a reclamar nuestros derechos, no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias con el apoyo de la diputada”, expresó Maldonado García.
Al ser cuestionado si los centros de verificación vehicular contaban con tecnología para desempeñar su labor, respondió que la mayoría cuenta con esta maquinaria, por lo que esto confirma que el gobierno estatal sólo buscó un pretexto para quitarles las concesiones.
Incluso, agregó que algunos empresarios acababan de realizar fuerte inversiones para adquirir tecnología de punta.
“Los compañeros están desesperados, vamos a hacer un resumen de las violaciones a nuestros derechos que daremos a conocer a los medios de comunicación; ya basta que el gobierno se estén burlando de nosotros y de la opinión pública”, expresó finalmente.
