EFRAÍN LÓPEZ MORALES
La Jornada
Ometepec, 29 de julio. Autoridades comunitarias de La Concepción, comunidad de Ometepec, se quejaron en la coordinación regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) del Estado de Guerrero, del hostigamiento por parte del agente del Ministerio Público en protección a un ciudadano que se ha apropiado de una parcela de uso común en el pueblo.
Felícito Clemente Cruz Herrera y Gregorio Ceballo Torralva, comisario municipal y comisariado ejidal respectivamente de La Concepción, presentaron un oficio de citación firmado por el licenciado Ismael Ríos Cruz, agente auxiliar de la representación social, quien les advirtió que iniciaría una averiguación previa en contra de ellos si no dejan en paz al señor Pedro Sosa Álvarez, a quien le han estado reclamando la devolución de 2.5 hectáreas que se apropió de terreno del pueblo.
Eusebio Saldaña Moreno, visitador de la Coddehum en la Costa Chica, habló por teléfono con el agente del Ministerio Público, advirtiéndole a su vez que iniciaría una queja en contra suya si no cesa su hostigamiento hacia las autoridades comunitarias, pues no es competencia de la representación social el asunto del terreno, sino de la Procuraduría Agraria o del Tribunal Unitario Agrario.
“Seguramente el ministerio público recibió algún dinero para proteger a esta persona, pues el asunto no es de su competencia”, comentó el funcionario de Derechos Humanos ante las autoridades comunitarias y una decena de pobladores que les acompañaban.
Los orientó para que a través de la Procuraduría Agraria con oficinas en Ometepec, gestionen la devolución del terreno que Sosa Álvarez se apropió cuando hace varios años era presidente del comité del agua potable de La Concepción, y en ese predio está el manantial que abastece a la población.
El vecino Evencio Cruz Ceballo, recordó que él compró el terreno ante Andrés García Ortiz, quien a su vez lo había recibido por parte del comisariado ejidal de la época; pero debido al “ojo de agua” existente, las posteriores autoridades comunitarias le repusieron cinco mil pesos y el predio volvió a su condición de uso común con propósito de surtir del preciado líquido a la población, y fue cuando Sosa Álvarez se lo apropió, terminó diciendo.
