- Se busca destruir valores comunitarios: Clemencia Correa
- No se quiso ver, para “no reconocer la dimensión de lo perverso”
Blanche Petrich
La Jornada
La sevicia, como crueldad extrema, como acción para imponer sufrimiento y transmitir un mensaje aterrador, se hizo presente en los crímenes de Iguala, en particular en el cuerpo del joven estudiante mexiquense Julio César Mondragón. Clemencia Correa, sicóloga y experta en acompañamiento sicosocial en situaciones de violencia, explica así la muerte por tortura (desollamiento): “Una acción que tiene la intención de que la sociedad pase del miedo al terror; que pretende no sólo paralizar y generar incertidumbre, sino destruir los valores de la comunidad, de la familia de la víctima”.
En los años 90, como parte del equipo de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz de Colombia, Clemencia Correa trabajó en atención a víctimas del paramilitarismo en la región afrocolombiana del Chocó. Un hecho singular marcó la historia de múltiples violencias en el país en esa época: el asesinato del líder campesino Marino López, a orillas del río Cacarica, decapitado. Los agresores, que actuaban en coordinación con el ejército colombiano, jugaron futbol con la cabeza ante la mirada desmayada de espanto de la población. El resto del cuerpo lo arrojaron a una piara de puercos.
Es sólo un episodio de una guerra larga y cruenta, pero que quedó en la memoria colectiva como caso emblemático, símbolo del extremo al que podía llegar la violencia como demostración de poder. Por la colaboración en la búsqueda de la verdad y el acompañamiento de las víctimas del río Cacarica, Correa fue amenazada de muerte y salió al exilio.
Salto cualitativo de la violencia
Egresada de la Universidad Javeriana, fue perito sicosocial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que juzgó este caso, por el cual fue detenido y sentenciado el general Rito Alejo, entonces comandante de la zona militar, por sus vínculos con el paramilitarismo.
Correa fue catedrática del posgrado de derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y en la actualidad brinda atención a víctimas y defensores desde la organización no gubernamental que dirige, Aluna.
En entrevista, señala que en el caso de Iguala, concretamente la tortura y ejecución extrajudicial de Julio César por uniformados el 26 de septiembre, tiene un paralelismo con el caso de Marino, de El Chocó, “porque significó un salto cualitativo en la naturaleza del hecho violento.” Lo ubica como “una acción de sevicia inscrita en un marco de guerra sicológica”.
Por el efecto del terror provocado por la imagen del joven cadáver sin rostro ni ojos que circuló en redes sociales, a este crimen se le minimizó no sólo en el discurso oficial sino también en la atención de las movilizaciones sociales. “No queríamos o no podíamos ver lo que había sucedido, por no tener que reconocer esa dimensión de lo perverso”.
Hasta ahora la Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado que haya ubicado el origen de la fotografía, al autor y responsable de haberla puesto en circulación, una pista que podría conducir a los asesinos.
Esa imagen “representa otra dimensión del terror, no sólo de lo que hicieron los agresores, sino de lo que son capaces de hacer”.
Como no hay certeza de cómo sucedió el hecho, “es inevitable preguntarse si murió por los golpes en la cabeza y luego fue desollado o viceversa. Son preguntas sin respuesta que lastiman profundamente. Pero, además, dejan ver otras sombras. Lo que se aprecia es que quien lo hizo, lo sabe hacer. Y que al dejar expuesto el cuerpo se quiso mandar un mensaje.”
La experta destaca que, como en el caso de las desapariciones, en el del asesinato por tortura de Mondragón, de 22 años, es evidente la responsabilidad del Estado. “Antes, por todos los antecedentes de persecución, represión y criminalización a los estudiantes normalistas en Guerrero. Durante, por la participación protagónica de policías en los hechos, la omisión del Ejército en la protección de los ciudadanos atacados y porque, en ese caso, la PGR ni siquiera ha argumentado que el joven haya sido entregado por la policía a los sicarios. Y después, por la forma como la familia es revictimizada por el Servicio Médico Forense en Chilpancingo, por la negativa a entregarles la necropsia, que es su derecho, y por la forma cómo los funcionarios, desde el nivel más básico hasta el procurador Jesús Murillo Karam, se han referido a ‘el desollado”, como un estigma”.
Considera que el efecto de las 43 desapariciones forzadas y la versión que quiere imponer la PGR, sobre la imposibilidad de encontrar los restos y darle a las familias certeza jurídica sobre su destino no tuvo el efecto paralizador que se pretendía. “Pero, al menos hasta ahora, en el caso de Julio César a escala social no se alcanza todavía a dimensionar lo que significó este nivel de tortura”.
Reconoce, sin embargo, que se han logrado algunos avances para revertir el aislamiento inicial, gracias a que los centros de derechos humanos como Tlachinollan, “al nombrarlo y defenderlo jurídicamente, le devuelven la identidad. Y la familia está haciendo un esfuerzo en ese sentido. A veces el efecto traumático es tan profundo que los familiares no lo pueden ni nombrar”.
