México, 19 de febrero 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Antes de pasar a la nota, una pregunta a los lectores: ¿Por qué creen que los «magistrados» del llamado «Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación» (TEPJF) son los mejor pagados del mundo? ¿Por qué gozan de gran cantidad de privilegios, entre bonos y prestaciones millonarias, así como una pensión que supera incluso la de los ex «presidentes»?
Pese a las conclusiones de la Comisión Investigadora del caso Monex de la Cámara de Diputados, que determinó en su informe un rebase por 13 veces al tope de campaña en los «gastos» del PRI –4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos fondeados a tarjetas Monex y Soriana-CTM– así como el desvío de recursos de procedencia desconocida usando empresas fantasma, el TEPJF exoneró al PRI (Peña Nieto) de todos estos delitos.
Los «magistrados» Alejandro Luna Ramos, Flavio Galván Rivera, Constancio Carrasco, Manuel González Oropeza, Salvador Nava, Pedro Penagos López y María del Carmen Alanís Figueroa, varios de ellos vinculados al PRI, sólo necesitaron de una hora 50 minutos para tomar esa decisión unánime, de acuerdo con el diario La Jornada.
Fieles a su estilo, desecharon todas las pruebas del financiamiento paralelo con recursos ilícitos y la compra o coacción del voto usando miles de tarjetas Monex durante las elecciones de 2012. En su resolución, los «magistrados» se limitaron a ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar el destino de 6.8 millones de pesos que clasificó como «gastos ordinarios».
Según el citado diario, los «magistrados» dejaron para el último la discusión del caso Monex –cuya denuncia data de hace dos años– y la iniciaron al filo de las 2:00 de esta madrugada. El «presidente» del tribunal, Alejandro Luna Ramos, intentó justificarse diciendo que “no se trata de una demora, lo dejo muy claro, es el resultado de un análisis exhaustivo de los agravios hechos valer y una revisión de las pruebas presentadas que han llevado a esta resolución”.
Pese a que se demostró la triangulación de recursos a través de una red de empresas con razón social falsa o inexistente, el Tribunal validó el esquema de contratación que el PRI realizó con la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V. para el pago del personal de dicho instituto político, así como de sus coordinadores territoriales, representantes generales, enlaces distritales y estatales, durante el proceso electoral federal de 2012.
Los «magistados» argumentaron que no les corresponde investigar el origen de las empresas involucradas en las contrataciones del PRI, pero que basan sus conclusiones en los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Fiscalización del entonces IFE, mismos que, según ellos, permiten acreditar que los 66 millones de pesos tuvieron un «origen y un destino lícito», ya que se utilizaron para pagar los servicios del personal contratado durante el proceso electoral.
No obstante, la Comisión Investigadora del Caso Monex había denunciado precisamente a la Unidad de Fiscalización del IFE, a la CNBV y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) –en poder ya del traidor Mario DiCostanzo– por bloquear las investigaciones evadiendo los cuestionamientos en las comparecencias o alegando que no tienen las atribuciones legales y jurídicas para proporcionarles información.
Amparado en la «falta de información», el «magistrado» Pedro Esteban Penagos López concluyó que no existen elementos que permitan establecer la existencia de fondeo de recursos o financiamiento paralelo a la campaña de la coalición “Compromiso por México”, PRI-PVEM, ni se demostró la compra y coacción de voto. En otras palabras, hubo fraude electoral pero el TEPJF no vio las pruebas. «No hay elementos», dicen. ¿Cómo van a ver los elementos si el PRI les vendó los ojos con buenos fajos de billetes sacados del erario?
Listo. Que no se diga que los «magistrados» priistas no hicieron un «buen trabajo». Ya desquitaron los 316 MIL 422 PESOS MENSUALES –dinero de todos los mexicanos– que el PRI acordó pagarles (desde la Cámara de Diputados que tiene secuestrada) a cada uno precisamente para convalidar en menos de dos horas de simulación, todas las porquerías que hizo durante la falsa elección. ¿Creían que el montaje de «legalidad e institucionalidad» sale gratis?
los soldados y fuerzas mexicanas le deben la lealtad a mexico no a ningun pendejo traidor narco cobarde mentiroso ignorante verguenza deberia de darles proteger a un narco que debe de ser arrestado inmediatamente y puesto en las rejas