México, 21 de mayo (NOTIGODÍNEZ).- El priísta Pedro Joaquín Coldwell, apolotronado en la Secretaría de Energía y uno de los principales impulsores de la «reforma» energética, confirmó su participación accionaria en cinco estaciones de servicio, venta de gasolina y una planta de distribución de combustibles en la isla de Cozumel, tras las declaraciones públicas que al respecto hizo ayer la perredista Dolores Padierna.
En un comunicado, echando mano de la típica inmoralidad priísta, Coldwell negó cínicamente que esto constituyera «conflicto de interés o violación de ordenamiento legal alguno», ya que adquirió esos derechos accionarios en el período de 1994 a 2009, antes de su «encargo» en la Sener.
El comunicado también aclara, entre otras cosas, que Coldwell «no participa en la administración de las empresas citadas y se mantiene al margen de sus operaciones mercantiles», es decir, sólo se dedica a cobrar las regalías millonarias por negocios que obtuvo desde el poder, aún sin ser «funcionario».
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, prohíbe a «funcionarios» tener participación accionaria en negocios directa o indirectamente relacionados con el sector. Coldwell no sólo ocupa la Secretaría de Energía. También es presidente, ni más ni menos, del Consejo de Administración de Pemex.
Si en México hubiera un Estado de Derecho, cualquier funcionario, no sólo Coldwell, renunciaría o liquidaría sus negocios particulares –relacionados o no con el área de su competencia– para ejercer con ética, transparencia y estricto apego a la ley sus servicios en las instituciones públicas. Pero en el México secuestrado por el PRI, la ley sólo aplica para el pueblo. Quienes tienen tomado el poder son libres de hacer lo que les viene en gana y justificarse con mentiras descaradas en escuetos comunicados, insultando una y otra vez a la inteligencia ciudadana.
Con información de Sinembargo.
