México, 4 de mayo 2020 (NOTIGODÍNEZ).- En su habitual conferencia matutina de este lunes, Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuya titular, Irma Sandoval Ballesteros, fue diagnosticada con COVID-19 hace exactamente una semana, iniciará una investigación para determinar la legalidad de la compra de ventiladores respiratorios con costo millonario al hijo del expriista Manuel Bartlett Diaz, actual director de Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En fechas recientes, la organización denominada Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada y financiada por el magnate Claudio X. González Guajardo, reveló que la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, adquirió 20 dispositivos para respiración asistida a un costo de 1 MILLON 550 MIL PESOS CADA UNO –31 MILLONES DE PESOS en total– con beneficio para la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de Luis Manuel Bartlett Álvarez, vástago del director de CFE.
Por su parte, el IMSS Hidalgo confirmó que sí realizó la onerosa compra a la empresa de Manuel Bartlett jr., argumentando que requería los aparatos con urgencia para atender a pacientes graves infectados con COVID-19 y que sólo la referida compañía garantizaba su entrega inmediata.
Cuestionado al respecto en la conferencia mañanera, López Obrador aseguró que la operación será investigada por la SFP y, de hallarse alguna ilegalidad, serán sancionados tanto el proveedor como los funcionarios que pudieren estar involucrados.
“Desde el inicio del gobierno dije que yo no iba a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad.
“De modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado y sancionado, y no debe permitirse la impunidad”, declaró citado por la agencia Proceso (Apro). “No somos iguales, llegamos para limpiar el gobierno, para desterrar la corrupción”, presumió.
Pero enseguida insistió en que el asunto está siendo utilizando para golpetear a su gobierno:
“Lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Les molesta mucho la transformación, ellos quisieran que siguiera el mismo régimen, eso es el fondo de todo, estamos ante la disyuntiva y sí, considero que no hay medias tintas, es corrupción o transformación”.
Opinión:
“Se va a investigar”… y no se va a sancionar nada, lo podemos adelantar y afirmar categóricamente, no porque seamos adivinos, sino porque Irma Sandoval ya “investigó” antes a Manuel Bartlett y “no encontró nada, ninguna evidencia de corrupción”. Es obvio que seguirán en esa línea. ¿Por qué proteger, arropar y dar tanto poder a un criminal de la ralea de Manuel Bartlett? Sí, CRIMINAL, porque los muchos delitos que cometió y de los que fue cómplice en su larga carrera delictiva con el PRI no deben olvidarse, empezando por su COMPLICIDAD DIRECTA –aunque sus aliados hoy lleguen al extremo de negarla– en el fraude electoral de 1988 que tanto lastimó al país.
Por otro lado, al margen de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, los contratos públicos para beneficio de empresas de funcionarios de gobierno y/o sus familiares deberían estar prohibidos. Punto. Si el hijo de Manuel Bartlett se dedica a la venta de equipos médicos, dispone de un amplio mercado nacional e internacional en el sector privado para hacer sus negocios y tener éxito. ¿Por qué venderle al gobierno? ¡Claaaaaro!, porque ahí está toda la lana del país y además está papito nada menos que en el gabinete del presidente. Otorgar contratos públicos a empresas de funcionarios y/o sus familiares, compadres o amigos es INMORAL, ANTIÉTICO Y OTRA FORMA MUY RECURRENTE DE CORRUPCIÓN. AMLO sabe esto perfectamente. Por eso mandó cancelar un contrato otorgado por la SEP a su compadre y asesor Miguel Rincón Arredondo, adjudicado por el también priista Esteban Moctezuma Barragán. Y no fue poca cosa: 221 MILLONES DE PESITOS. Entiéndanlo: ni la emergencia, ni el parentesco ni el compadrazgo justifican la entrega de contratos a familiares de funcionarios, porque eso también es CORRUPCIÓN.
Con información de Apro
