México, 26 de enero 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Lo que ya venía haciendo ilegalmente el mal llamado «gobierno», al intervenir teléfonos y otras vías de comunicación privada de los mexicanos para espiarlos, será avalado en próximas días por el «Instituto Federal de Telecomunicaciones». Esa es justamente la tendencia «moderna» de las leyes: convalidar los delitos que empresas y sus esbirros del «gobierno» venían perpetrando. El nuevo lema legislativo es, «si ya lo hacían, hay que regularizarlo».
Ese argumento absurdo ha producido hasta ahora engendros como la «reforma» al Artículo 27 –a propuesta del priista Manlio Fabio Beltrones–, que legalizó la práctica ilegal que realizaban extranjeros al adueñarse de nuestras playas; o la propia contrarreforma energética, que avaló la intervención total de empresas extranjeras en la exploración, explotación, refinación y otras actividades del sector energético que tenían prohibido realizar, pero que ya hacían ilegalmente pasándose la ley por el arco del triunfo. La contrarreforma legalizó esos crímenes y abrió la puerta a las trasnacionales para cometer muchos más.
El sector de telecomunicaciones también fue «reformado» bajo el precepto de «regularizar los delitos que se venían cometiendo». Así, llamadas telefónicas (fijas o celulares), mensajes de texto, correos electrónicos y actividad en internet, entre otras comunicaciones de voz y datos que realizan los mexicanos, podrán ser espiados y revisados a placer por el régimen usurpador.
De acuerdo con el diario Reforma, los comisionados del mentado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) votarán en los próximos días una propuesta que determina las reglas para los operadores del sector a fin de cumplir con las solicitudes de intervenciones que a su antojo hagan las «dependencias de seguridad».
La «ley» telecom aprobada en 2013, establece en los artículos 189 y 190 que las compañías del sector de telecomunicaciones deberán entregar toda la información que le exijan las «autoridades competentes». Por ejemplo, entre los datos de sus clientes que empresas proveedoras del servicio de Internet deberán conservar, están las direcciones IP que permiten identificar toda la actividad en la red de uno o varios usuarios.
Esta «ley» tiene el encanto de no haber definido qué «autoridades» y en qué circunstancias podrán solicitar la información de los internautas, por tanto los delincuentes instalados en el gobierno tienen manga ancha para espiar tanto como les venga en gana, violando el derecho a la privacidad de los mexicanos. Por este hecho, el Poder Judicial recibió una lluvia de amparos que todavía «sigue revisando».
El pasado 15 de enero, representantes de los operadores de telecomunicaciones se reunieron con los usurpadores de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Comisión Nacional de Seguridad Pública, revelaron fuentes del sector al diario Reforma. Según los informantes, el encuentro fue presidido por Luis Lucatero, jefe de la Unidad de Política Regulatoria del IFT, en las instalaciones del mencionado instituto.
A la reunión también asistiieron la Asociación Mexicana de Internet, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Refiere el rotativo que los operadores de Internet propusieron que las direcciones IP se excluyeran de los datos a proporcionar, sin embargo la petición fue rechazada. Asimismo, tampoco se aceptó la propuesta de designar por anticipado a la «autoridad» facultada para realizar solicitudes de información.
«El Instituto, escuchando a autoridades, considera que es necesario su conservación [de las direcciones IP] para la prevención e investigación de delitos electrónicos», se argumenta en el documento que avalará el IFT, del que Reforma dice tener una copia.
Esto significa que cualquier autonombrada «autoridad» perteneciente al régimen usurpador, tendrá facultades legales para exigir cuando le dé la gana todos los datos sobre la actividad telefónica o por internet que realicen los clientes de las empresas proveedoras de estos servicios. En otras palabras, los delincuentes que hacen fraude para seguir en el poder podrán espiar nuestra actividad telefónica y por Internet, ahora sí, «legalmente» y cuando les venga en gana.
Con información de Reforma
