Verónica Macías
El Economista
Integrantes de la Cámara de Abogados del municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, denunciaron que agentes del Ministerio Público de la zona, provenientes del Estado de México, lejos de procurar justicia, a los pocos meses de su llegada, extorsionan a comerciantes y transportistas, además de realizar cateos sin una orden judicial y “sembrar” evidencias.
“Elementos de la Procuraduría estatal de Michoacán, que vienen del Estado de México (…) han ido a inspeccionar negocios particulares (en Lázaro Cárdenas) sin orden de cateo, intimidándolos con la finalidad de que hagan una negociación. Ellos (la policía ministerial) tienen el poder. Dijeron que venían a salvarnos, pero en realidad vinieron a contener a las autodefensas (…)”, dijeron a El Economista integrantes de la Cámara de Abogados de Lázaro Cárdenas que pidieron anonimato por seguridad.
El lunes pasado, integrantes del Servicio de Transporte en Lázaro Cárdenas enviaron un oficio al gobernador Salvador Jara, al comisionado Alfredo Castillo, así como al procurador estatal José Martín Godoy, en el cual denuncian las extorsiones de las que han sido objeto por parte de policías ministeriales de la Procuraduría estatal.
Entrevistados posteriormente por El economista, detallaron que desde hace unos tres meses, ya con la presencia de Alfredo Castillo como comisionado federal para Michoacán, pobladores de Lázaro Cárdenas han sido extorsionados por los agentes Israel Domínguez Flores, Marco Antonio Samat Cuéllar, un comandante de apellido Cabañas. quienes, refieren, les han dejado saber que son gente que estuvo asignada en el Estado de México.
En la platica, integrantes de la Cámara de Abogados denuncian que estos agentes actúan bajo las órdenes del subprocurador regional José Juan Monroy García, quien fue director general de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), cuando Alfredo Castillo era el Titular.
En enero de este 2014, Monroy García fue designado por el aún gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, titular de la Subprocuraduría regional en Lázaro Cárdenas.
LA ESTRATEGIA
El pasado 24 de abril, el comisionado Alfredo Castillo anunció que harían una limpia total al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM). En ese entonces manifestó que cambiarían a todos los ministerios públicos y policías ministeriales, a fin de que la ciudadanía tuviera confianza. Posteriormente, los elementos fueron destituidos de sus cargos y enviaron nuevos elementos de apoyo.
Los testimonios son recabados entre transportistas y comerciantes que han acudido con los abogados para denunciar el cobro de cuotas por parte de agentes que llegaron a hacerse cargo de las agencias del Ministerio Público de la zona.
Los abogados relatan que estos agentes del Edomex —así se acreditan— y asignados a la Procuraduría de Michoacán realizan cateos u “operativos de revisión” a los llamados patios de los transportistas (en donde guardan el transporte) para con cualquier pretexto asegurarlo, posteriormente les piden hasta 500,000 pesos para liberar el transporte y dejarlos trabajar nuevamente.
El transporte de la zona puede quedar paralizado si no pagan la cuota.
Aseguran que los civiles armados sí lograron contener el problema de la inseguridad pero con su desintegración aumentaron diversos delitos en la región, entre ellos el robo, secuestro y los homicidios.
De acuerdo con las cifras de la PGJE, desde el surgimiento de las autodefensas en Michoacán, en febrero del 2013, a diciembre de ese mismo año, en la entidad se cometieron 854 homicidios dolosos. Mientras que de enero del 2014 -cuando inicia la colaboración de la Federación- a junio pasado, se registraron 555 homicidios de manera intencional.
Lamentaron que, antes, eran los integrantes del crimen organizado los encargados de cobrar las cuotas a quienes tenían en circulación maquinas tragamonedas; pero ahora, es la propia autoridad la que lleva a cabo esta práctica ilegal.
“Vinieron a sustituir esas actividades que eran del crimen organizado, y además no pueden denunciar”.
Por su lado, la diputada local del PRD, Selene Vázquez, aseguró que en Morelia, la capital michoacana, se repite la historia: la extorsión por parte de los nuevos agentes ministeriales es a empresarios y comerciantes a quienes piden una cuota para evitar que sus negocios sean cerrados.
Agregó que la comparecencia de los titulares de la PGJE y de la Secretaría de Seguridad Pública local han sido frenadas en el Congreso local.
