Si la imposición es la causa de todas estas «leyes», ¿no sería mejor seguir intentando revertir la imposición? ¿Por qué dejar de combatir la causa para concentrarse en los efectos? ¿No es eso absurdo?
Redacción Proceso
Foto: Cuando #YoSoy132 sabía contra qué luchar. Imagen de archivo.
MÉXICO, D.F. (apro).- Representantes del movimiento juvenil #YoSoy132 exigieron la derogación de las “leyes mordaza” que se han aprobado en distintas entidades para regularizar las manifestaciones sociales.
En conferencia –a dos años de la creación del movimiento–, aseguraron que estas legislaciones buscan censurar el derecho a la manifestación y a la libre expresión en México, y mencionaron en particular las de Quintana Roo, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas y el Distrito Federal.
Acusaron que “tienen como principal objetivo criminalizar la protesta, que a pesar del ambiente de linchamiento y desprestigio, es un derecho que tenemos como ciudadanos”.
Se trata de “medidas legaloides que buscan sembrar el miedo y que siembran las bases para que desde diferentes frentes se acalle la conciencia social”, dijeron.
Las calificaron de “regresiones a los derechos civiles” que se suman “a la situación de progresiva indefensión (persecución, encarcelamiento ilegal, difamación, agresión)” en las que están los activistas en todo México.
Iris López, integrante del movimiento, afirmó que levantar la voz “es uno de los únicos mecanismos de presión que le quedan a la ciudadanía ante las políticas y los actos de corrupción que agreden constantemente el bienestar de la población así como del fallido sistema de representación popular que está cooptado por una elite de negociantes de los votos y defensores de intereses sectarios”.
Es claro, dijo, que “la protesta incomoda a los intereses de la camarilla que tiene secuestradas a las instituciones públicas al punto de llegar a la barbaridad”.
Nidia Pedraza, representante del “#YoSoy132 Puebla”, recordó que a propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle, el Congreso local aprobó una ley “mordaza” el pasado 19 de mayo en una asamblea extraordinaria, que incluye el uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones, por lo que fue llamada “Ley Bala”.
Michel Hernández, de “#Yo soy 132 San Luis Potosí”, dijo que los derechos a la libertad de expresión y manifestación de los potosinos están limitados en la Ley de Manifestaciones Públicas, libertad de tránsito y derechos de terceros, que presentó el diputado local Alejandro Lozano el pasado 27 de marzo.
César Castillo, de “#YoSoy132 Quintana Roo”, comentó que el pasado 24 de marzo, el Congreso del estado aprobó la denominada “Ley de Ordenamiento Social”, que condiciona el derecho a la manifestación, pone en riesgo y suprime las garantías sociales consagradas en el artículo 18 y 20 de la Constitución Política del estado.
DF, el más represor
Los representantes del movimiento “#Yo soy 132” se refirieron también a la ley que se aplica en las manifestaciones hechas en el Distrito Federal.
Diana Mota, representante de la “CodhDF 132”, comentó que como sede de los tres poderes de la Unión, la Ciudad de México “de forma inevitable es el espacio público por excelencia para el ejercicio del derecho a la protesta”.
Aseguró que desde el 1 de diciembre del 2012 –cuando se hizo una gran manifestación contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México, que terminó en violencia y detenciones— “las condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta en todo el país y en específico en el DF han ido empeorando”.
Recordó que la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF) del gobierno de Miguel Ángel Mancera, elaboró y expidió a través del acuerdo 16/2013 un “protocolo de actuación policial”. En él, dijo, prevalece el derecho a la movilidad sobre el de libre manifestación; además faculta a la policía –aún en contra de la ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de policía del DF–, para aplicar acciones tendientes a la desarticulación de protestas o de abierta provocación en contra de los manifestantes, por ejemplo, los “encapsulamientos”.
Incluso, acusó que ese protocolo “ha sido aplicado de manera selectiva en contra de manifestaciones ajenas a estructuras partidistas o corporativas e integradas en su mayoría por jóvenes”.
En la conferencia se acusó también que los procesos judiciales aplicados a los detenidos en las marchas “han demostrado la parcialidad con la que se conducen quienes integran al Poder Judicial del DF”. Los activistas pusieron como ejemplo los resultados “favorables” de los juicios de amparo iniciados por algunos de los 14 detenidos del 1 de diciembre, pues al ganar estos juicios, se reconoce que hubo violaciones al debido proceso legal de los imputados.
Destacaron las “onerosas” fianzas exigidas a partir de la reforma al artículo 362 del Código penal del DF por el delito de ataques a la paz pública. Comentaron que si bien la gravedad de este tipo penal fue reducido, aún se utiliza por el Ministerio Público para acusar “a cualquier persona que sea detenida arbitrariamente en marchas, buscando inhibir de este modo la participación de personas y colectivos en actos de manifestación pública”.
De paso, acusaron que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) también “ha abonado al proceso de criminalización y de disuasión del derecho a manifestarse”. Explicaron que las reformas a los artículos 123, 130 y 241 del Código Penal local aprobadas el 19 de noviembre del 2013 fueron para incrementar en una mitad las penas para quienes, en manifestaciones públicas, cometan homicidio o lesiones dolosas contra autoridades, así como daños a la propiedad.
Aclararon que, aunque estas modificaciones aún no han sido publicadas, “constituyen un claro ejemplo de los criterios de la Asamblea con respecto al derecho a la manifestación”. Incluso, comentaron que la recién aprobada Ley de Movilidad mantiene de la antigua Ley de Transporte y Vialidad, un condicionamiento ambiguo para las manifestaciones, al referirse a ellas como las que persigan una finalidad “perfectamente lícita”.
Los integrantes del movimiento “#Yo soy 132” señalaron al gobierno federal por jugar un rol “importante” en contra del derecho a la protesta.
Y es que, cuestionaron la manera en que el Senado y el Congreso de la Unión son blindados por la policía federal cada vez que se discute alguna reforma o legislación secundaria que provoca manifestaciones. Incluso recordaron que fue la misma fuerza federal la que desalojó con violencia a los maestros disidentes del zócalo capitalino en septiembre de 2013.
La “falta de compromiso” del gobierno federal con los derechos humanos, dijeron, es evidente al no haber ningún policía federal procesado o cesado por esos hechos ni por los del 1 de diciembre del 2012.
La crítica también le tocó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al no haber determinado que, a pesar de los testimonios y las evidencias, fue un proyectil lanzado por la policía federal el que hirió al activista Francisco Kuykendall, y que en enero pasado le provocó la muerte.
Los representantes del movimiento “#Yo soy 132” criticaron por último que “la situación del derecho a la manifestación y en general de los DDHH es alarmante a nivel nacional y local. La forma de conducirse de las autoridades aquí presentadas, ejemplifican el doble discurso del estado Mexicano sobre los derechos humanos”.
