Mónica Camacho
La Jornada
El gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas reservó por siete años toda la información relativa al operativo que la Policía Estatal desplegó en San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio pasado, el cual es investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por provocar la muerte de un menor de edad y dejar decenas de heridos.
Hasta 2021 los ciudadanos podrán tener acceso al estado de fuerza, vehículos oficiales, armas de fuego de cualquier calibre, radios de comunicación y en suma el equipo utilizado por el cuerpo de seguridad pública.
La reserva se conoció a raíz de cuatro solicitudes de información que presentó el reportero Josué Huerta López ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza Facundo Rosas Rosas.
En las peticiones –que se registraron dentro del sistema Infomex con los folios 00293514, 00293614, 00293714 y 00293814– se requirió información sobre el número de policías que fueron enviados a contener la manifestación del 9 de julio en Chalchihuapan; el número, marca y modelo de armas que portaron los elementos de seguridad pública, y los cursos brindados a los uniformados en materia de gas lacrimógeno.
“Con fundamento en los artículos 54 fracciones I y IV y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, se le informa que no pueden proporcionarse los datos debido a que esta dependencia clasificó como reservada, por un periodo de siete años”, respondió la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la SSP.
En los cuatro oficios de contestación, fechados el 18 de agosto, la secretaría justifica la negativa a proporcionar datos sobre el operativo alegando que su publicación “puede causar perjuicio o daño irreparable a las funciones públicas en materia de seguridad pública”.
Asimismo, la dependencia señala que la difusión de esa información podría “comprometer la integridad, la estabilidad, la permanencia, la gobernabilidad democrática o la seguridad del estado y por ende la integridad física del personal operativo, así como poner en riesgo la prevención de los delitos y la seguridad de las operaciones policiacas”.
Por último, la SSP deja en claro que el solicitante tiene la posibilidad de promover un recurso ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública, de no satisfacerle la respuesta de la secretaría.
