Redacción La Jornada
La adquisición del equipo de espionaje a teléfonos celulares que realizó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) violenta las garantías individuales de los ciudadanos, señaló el presidente de Industriales Potosinos AC (Ipac), Carlos Mier Padrón, quien agregó que ésta instancia debe garantizar la privacidad de los ciudadanos, no vulnerarla.
Luego de que se revelara ante los medios la compra de aparatos especializados en la intervención de señales de celular por parte del gobierno del estado, el líder de los industriales no se contuvo al advertir el riesgo que tales prácticas implican para la convivencia ciudadana.
“Debería haber mecanismos de un involucramiento de las autoridades del Poder Judicial. Yo creo que un tema de fondo es que vivimos nuevos tiempos, la autoridad tiene que ser cada día más abierta al diálogo con los ciudadanos y me parece que la autoridad está obligada a decirnos qué están haciendo y nos daría mucha tranquilidad; me gustaría ver un cuestionamiento de parte de Congreso del Estado”, expuso el presidente de Ipac.
Cuestionó la compra de los aparatos de espionaje, y dijo que el Poder Legislativo también tiene la facultad de solicitar un informe a la PGJE, sobre todo en montos, para saber si no se está pagando de más por la adquisición de estos equipos.
Por su parte, el presidente local de Canacintra, Jorge Meade Alonso, comentó que “debe hacerse un buen uso de este equipo de alta tecnología para intervenir teléfonos y celulares, ya que todos estamos expuestos a ser intervenidos y por eso deberá cuidarse la utilización de estos equipos”.
