Redacción Proceso
MÉXICO, D.F., (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró las oficinas administrativas de Grupo México en Cananea, Sonora, como parte de las investigaciones sobre el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico sobre el río Sonora, registrado el pasado jueves 7.
La acción, ordenada por el Ministerio Público Federal en respuesta a la denuncia presentada el lunes 18 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se realiza dos días después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) admitió que carece de las herramientas legales para cancelar la concesión de la mina Buenavista del Cobre a esa empresa.
Personal de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales tomó este viernes el control de las oficinas de Grupo México, con el fin de resguardar los documentos y evidencias que ayuden a deslindar responsabilidades por la contaminación del río cuyo proceso de limpieza costará alrededor de 100 millones de pesos.
La Profepa denunció a Grupo México por la presunta comisión de delitos contra el ambiente tipificados en el Artículo 414 del Código Penal Federal, que contemplan una pena de uno a nueve años de prisión y una multa de 300 a 300 mil días de salario mínimo, es decir, de 20 mil 187 pesos a 20 millones 187 mil pesos.
El miércoles 27, pese a admitir que el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora se trata del peor desastre ambiental de la industria minera del país, la Semarnat aseguró que carece de las herramientas legales para cancelar la concesión de la mina Buenavista del Cobre a Grupo México.
Sin embargo, el titular de esa dependencia, Juan José Guerra Abud, aclaró que lo que la legislación vigente sí le permite es clausurar parte de las actividades de la minera, como el patio de lixiviados que cerraron luego del derrame de sustancias tóxicas.
Y sostuvo que la empresa Grupo México, como responsable, está obligada a resarcir los daños al medio ambiente y a la salud de la población.
Un día antes el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, adelantó que sólo se multaría a la mina Buenavista del Cobre por el derrame que afectó a poco más de 26 mil persona y cuyo daño se extendió al arroyo Tinajas, afectado en 17.6 kilómetros; el río Bacanuchi, en 64 kilómetros, y el río Sonora, en 190 kilómetros, cuyo líquido llegó hasta la presa El Molinito, que tiene un almacenaje de 15.4 millones de metros cúbicos, 20% de su capacidad.
Por su parte, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, manifestó que en una primera etapa la evaluación de daños por el derrame asciende a 80 y 100 millones de pesos.
Ese gasto, dijo, está corriendo por parte de la administración estatal, aunque Grupo México se comprometió a cubrir todo lo que se desembolse por la reparación de los daños.
