Redacción / Sinembargo
Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– Aquilina García Calderón, esposa del Alcalde del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio de Ocuituco, Morelos, Juan Carlos Flores, denunció que las autoridades estatales se niegan a sancionar y separar del cargo al Edil luego de que interpusiera una denuncia por maltrato e intento de asesinato en contra de ella y de su hija.
Aquilina García reveló que el maltrato en su contra comenzó después de que tomó posesión como Alcalde de Ocuituco y ella asumió el cargo de presidenta del DIF en dicho municipio. Detalló que los maltratos derivaron en violencia física que fue documentada en su denuncia penal por maltrato familiar.
El pasado 4 de septiembre –durante la audiencia de vinculación al proceso–, el Juez oral Ramón Villanueva Uribe se negó a proceder contra el Alcalde bajo el argumento de que tenía fuero.
Por este motivo, la defensa de la esposa del Presidente municipal de Ocuituco acudirá a la justicia federal.
Aquilina García Calderón, presentó una denuncia en el mes de mayo contra su esposo, Juan Carlos Flores Espinoza, Presidente municipal de Ocuituco, acusándolo de violencia familiar. Señala que desde hace tiempo venía sufriendo agresiones físicas y verbales por parte de su esposo.
Dijo además que su hija de siete años de edad también fue agredida. La defensa de Aquilina García indicó que el pasado 20 de mayo las corrió del domicilio conyugal, además de haberlas agredido.
El Alcalde Juan Carlos Flores asumió el cargo en 2012 apoyado por el Partico Verde Ecologista de México.
ONG’S PIDEN ALERTA DE GÉNERO
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, AC, realizó un informe de feminicidios en Morelos, en respuesta a la petición de organizaciones sociales que solicitaron la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en la entidad.
Los grupos civiles denunciaron que el feminicidio en el estado es “sumamente grave” y que hay responsabilidad oficial por parte del gobierno encabezado por el Gobernador Graco Ramírez Abreu, al no atenderlo en toda su dimensión.
También destacaron que hay simulación, omisiones, desconocimiento y descoordinación en las políticas públicas estatales para atacar el problema.
A través de un comunicado, la Red Nacional de Organismos Civiles en Derechos Humanos reveló que el gobierno estatal trató de tergiversar las conclusiones del Informe y de minimizar el problema al reconocer una cifra de feminicidios muy menor a la real, el estudio concluye en que no hay garantías para que las mujeres tengan derecho pleno a una vida libre de violencia, porque aún en los casos reconocidos por el gobierno prevalece la impunidad.
El informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Morelos es producto de la solicitud realizada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos AC, respaldada por 25 organizaciones feministas, defensoras y defensores de derechos humanos, sindicatos y 2,054 firmas autógrafas de personas, así como 260 peticiones a través de la Red Avaaz.ORG y 128 peticiones desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
El documento señala que en el gobierno del estado Morelos existe una descoordinación entre instituciones para prevenir la violencia contra la mujer, “no destina recursos económicos y la mayoría de las carpetas de investigación se encuentran inconclusas por la incapacidad de las fiscalías”.
El grupo manifestó su preocupación sobre la discrepancia de cifras existente, no sólo entre los datos aportados, sino por dependencias como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que “muestra la necesidad de homologar las metodologías para la sistematización de la información y los criterios de organización de la misma, en especial para distinguir entre homicidios de mujeres y feminicidios”.
Señala que entre el año 2000 y junio de 2013 hubo 530 casos de feminicidio en el estado, sin embargo el gobierno local sólo reportó 273 casos de los que se desprenden 280 víctimas de feminicidio. De ellos, sólo 108 fueron investigados o enjuiciados como feminicidio, debido a que el tipo penal se creó hasta septiembre de 2011.
El informe contiene 15 conclusiones y recomendaciones al gobierno del estado de Morelos sobre el feminicidio, entre los que destacan crear campañas con mensajes claros con el ciclo de la violencia, la visibilización de la misma.
Aun cuando las conclusiones son claras, dice el documento, nuevamente el gobierno de Morelos ejerce violencia institucional al tergiversar su contenido, enviando el mensaje de que se descarta esta alerta.
Las organizaciones indican que si no se toman medidas contundentes existirá el riesgo de que la violencia feminicida crezca en Morelos.
Morelos se encuentra entre los seis estados del país con el más alto índice de muertes de mujeres por violencia de género.
El pasado 14 de agosto el Comité Contra el Feminicidios en Morelos admitió que existe una pobre política para combatir ese delito en la entidad, dado que en la administración se han registrado 54 casos.
En esa ocasión la coordinadora del comité en Morelos, Ixlol Cielo Preciado Bahena, comentó que en ocho meses se reportaron 54 feminicidios, “nos habla de una muy triste política a favor de las mujeres, eso celebramos la creación del Centro de Justicia para las Mujeres para evitar el (Ping-Pong) entre instituciones”.
