‘‘Le gustaba mucho mirarse’’, comenta un empleado local.
Arturo Cano
La Jornada
Iguala, Gro., 9 de octubre. ¿Qué encontrarán las autoridades que siempre actúan oportuna y diligentemente –todas– cuando al fin decidan, como se rumora a lo largo del día, catear el palacio municipal de la cuna de la Bandera Nacional? Probablemente nada. O nada importante. Porque en los días que siguieron a los asesinatos, las detenciones convertidas en desapariciones forzadas, al horror pues, el presidente municipal, José Luis Abarca –y luego sus colaboradores, cuando él puso pies en polvorosa– tuvieron tiempo de sacar archivos, computadoras, muebles que consideraron valiosos e incluso ‘‘unos espejos de 15 mil pesos cada uno que estaban en la oficina del edil, porque a él le gustaba mucho mirarse’’, según cuenta un empleado.
La coartada fue que se esperaba que, como ocurrió tras el asesinato de los líderes de la Unión Popular el año pasado, una protesta derivara en la toma del palacio municipal y en subsecuentes destrozos. ‘‘Pues es que decían que iban a venir los ayotzinapos’’, se duele un policía municipal, quien por estar de licencia médica no se marchó con sus compañeros a la ‘‘capacitación’’ en Tlaxcala.
Otro policía –en rigor, un empleado administrativo, aunque adscrito a la corporación a sus casi 70 años– cuenta que lo mismo ocurrió en el depósito de la secretaría de seguridad pública: ‘‘Sacamos las armas que están a resguardo con el coronel, pero también los archivos y las computadoras’’. Así que las Beretta y los fusiles HK están en la zona militar.
Trámites de igualtecos
Los igualtecos siguen viniendo al ayuntamiento a realizar todo tipo de trámites. La rutina sólo la rompen la ausencia de policías y la llegada constante de empleados que vuelven con las computadoras y cajas de archivos que se llevaron a saber dónde.
El policía primero Carlos Manuel Díaz es el encargado de despacho en ausencia de jefes. Es amable, pero jura no tener información cuando se le preguntan datos como las edades de los agentes y las fechas de su ingreso a la corporación.
Sólo conoce los datos de los que se fueron a capacitar a Tlaxcala: 104 el miércoles y 114 el martes, sin contar los 85 agentes de tránsito, que se manejan aparte. Eliminando de la lista a los detenidos y a los enfermos, el policía primero calcula, porque no lo sabe de cierto, que unos 20 policías no se presentaron nunca, por miedo o precaución. ‘‘Entiéndanme, estamos empezando de cero, porque sacaron toda la información del ayuntamiento’’.
–¿Qué veía usted allá en la comandancia? –se pregunta al policía anciano.
–Nada, uno no preguntaba. Sólo a veces que veíamos que se pasaban en los golpes, sí les decíamos que le pararan.
Nadie preguntaba, aunque todos sabían que caer en manos de la policía municipal, por un simple borrachazo, por ejemplo, implicaba golpizas y mil pesos.
Un joven estudiante cuenta que eran comunes las detenciones sin razón alguna: ‘‘Te decían: junta 10 mil pesos o te llevamos al Sol Azteca’’, en referencia a una colonia pegada a los cerros donde los municipales solían ir a botar a sus víctimas.
Nada de eso pasaba por el escritorio del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien se ufana tras la tragedia presente: ‘‘Mi gobierno, por los hechos en la ciudad de Iguala, no fue omiso; hemos actuado en el momento inmediato en que se requería nuestra presencia’’.
La versión macabra de ‘‘yo no fui, fue Teté’’, en que los gobiernos federal y estatal y sus expresiones partidistas han convertido los asesinatos de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas se pone, cosa que parecía imposible, cada día peor.
La pulsada de fuerzas se estrella, entrada la tarde, con el anuncio del titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo, de que se hallaron nuevas fosas en las proximidades de esta ciudad. Las primeras versiones indican que se encuentran a sólo 60 metros de las encontradas con anterioridad.
Vecinos de las colonias Guadalupe, Chapultepec y Loma del Zapatero informan de mañana sobre un vasto despliegue que incluye a policías ministeriales y marinos, además de un helicóptero de la Armada que aterriza en la primera de las colonias mencionadas. Los cuerpos en las nuevas fosas fueron encontrados calcinados, igual que los del primer hallazgo, según informa el procurador.
Mientras eso ocurre, el gobernador Ángel Aguirre se empecina en no bajarse del ring al que se subió desde el principio de la crisis: ‘‘Nadie puede decir que el gobernador en alguna situación ha sido omiso. Es momento de cerrar filas, no nos vamos a dejar los guerrerenses’’, escribió el 6 de octubre.
Hoy pone sobre la mesa su última carta: que los guerrerenses decidan, en las urnas, si se queda o se va. La revocación de mandato es posible debido a una reforma a la Constitución local aprobada hace apenas unos meses. En el contexto de la crisis política actual viene a ser la forma moderna del viejo adagio priísta de ‘‘si el pueblo me lo pide’’.
El presidente de la República aprieta desde Guanajuato y muda la postura de su gobierno. Ya no se trata de ‘‘estudiantes afectados’’ o de ‘‘señas de debilidad institucional’’ en algunos lugares del país, sino de un acto de ‘‘barbarie’’ que se esclarecerá ‘‘tope donde tope’’.
La dirección nacional del PRD respalda en pleno a su gobernador y se suma a la consigna de que ‘‘el pueblo de Guerrero decida’’. La ley ‘‘no es negociable y no está sujeta a referendo’’, escribió en su red social el hijo de Rubén Figueroa Alcocer, el gobernador caído por la matanza de Aguas Blancas.
En marzo fue un diputado cercano al gobernador, Alejandro Arcos Catalán, quien insistió en que la figura de revocación se incluyera en la reforma que incorporaba a la Constitución local el referendo. Eso sí, aclaró que la ley reglamentaria acotaría el nuevo mecanismo con la finalidad de que no se prestara a la ‘‘desestabilidad política o social y nadie abuse de la figura’’. Atendiendo a los ciudadanos, dijo también el diputado, el mandatario estatal podría ‘‘desactivar cualquier conflicto político o social’’.
Por la tarde, casi al mismo tiempo que se anuncia la detención en Cuernavaca de un cuñado del alcalde Abarca, uno de sus asistentes informa que la familia del edil, su madre y sus hermanos, harán llegar una carta ‘‘donde expresan su posición’’. Cae la noche y el documento no llega. ‘‘Cancelaron hasta nuevo aviso’’, se disculpa el asistente mientras en un cerro la tierra sigue siendo removida.
