El «Porquirio Díaz» de Nuevo León que dijo que le gustaría quedarse 30 años robando a la gente de ese estado, como su admirado Porfirio Díaz.
Juan Alberto Cedillo
Proceso
MONTERREY, N.L. (apro).- El gobernador Rodrigo Medina sigue los pasos a su homólogo de Tamaulipas, Egidio Torre, cuando afirma, “con orgullo”, que Nuevo León registra “cero secuestros”, pese a que las estadísticas de su Procuraduría arrojan que los secuestros y desapariciones continúan creciendo en la entidad.
“Ahora, al día de hoy, les puedo decir con orgullo que tenemos cero secuestros en Nuevo León”, aseguró Rodrigo Medina durante su mensaje del quinto informe, afirmación que fue celebrada por los funcionarios e invitados que asistieron al evento en el Palacio de Gobierno.
La política de intentar disimular la violencia e inseguridad con discursos es practicada por Torre Cantú, quien asegura que en “Tamaulipas no pasa nada”, aunque la entidad está en los primeros lugares a escala nacional en asesinatos relacionados con el crimen organizado, secuestros, extorsiones, desapariciones y robos con violencia.
En el caso de Nuevo León, la postura de Rodrigo Medina se puede desmentir con las estadísticas de la PGJE, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional y del estudio “Percepción y realidad del secuestro en Nuevo León”, realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Las cifras evidencian que los delitos relacionados con las privaciones ilegales de la libertad vienen aumentando desde el 2009 a la fecha.
La Procuraduría de Nuevo León reporta 34 secuestros hasta septiembre pasado, mientras que las cifras del gobierno federal arrojan que, hasta agosto del presente año, se han registrado 31 casos.
No obstante, hay que precisar que la PGJE decidió “maquillar” las cifras subdividiendo este delito en cinco rubros: plagio, privación ilegal de la libertad, rapto, secuestro y trata de personas.
Si se suman todos los ilícitos denunciados a la dependencia por rapto, plagio, secuestros, privación ilegal de la libertad y trata de personas, las estadísticas arrojan que de enero a septiembre existen 360 averiguaciones abiertas sobre estos crímenes.
La PGJE reporta en este periodo 38 denuncias por privación ilegal de la libertad; plagio, 0; secuestro con 34; las de rapto suman 161 denuncias, y trata de personas un caso.
El año pasado, el total de los cinco delitos fueron 470 denuncias. En 2012 sumaron 540, es decir, un promedio mensual de 40 privaciones ilegales de la libertad.
El estudio “Percepción y realidad del secuestro en Nuevo León”, coordinado por la doctora Patricia Cerda Pérez, catedrática de la UANL, destaca que por cada secuestro que se denuncia hay al menos uno o dos más que no se reportan ante las autoridades.
Las estadísticas muestran que 57% del total de las privaciones ilegales en 2012 estuvieron relacionadas con delincuencia organizada, 42% fueron “secuestros puros” y cerca de 1% fueron “secuestros exprés”.
Cerca de 78% de las personas privadas ilegalmente de su libertad fueron hombres y 22 mujeres. Peor aún, pues 27% del total de las mujeres secuestradas fueron violadas, precisa el reporte de la UANL.
La investigación determinó que el perfil del secuestrador se modificó en los años recientes, debido a que su promedio de edad bajó y ahora es de entre 18 y 30 años.
Además, en los últimos dos años se ha detenido a cerca de 300 bandas relacionadas con delincuencia organizada, de los que más de 50% de esos grupos se dedicaba a secuestrar.
Repuntan plagios de 48 horas
Un viernes por la noche de septiembre de 2013, “Ramón” salió pasadas las 1:30 horas de una fiesta en una colonia ubicada al poniente de San Nicolás. Transitaba por una solitaria calle para tomar avenida Manuel L. Barragán cuando se topó con un retén instalado por miembros del crimen organizado, el cual era protegido discretamente por patrullas de la policía municipal estacionadas en calles cercanas.
Después de bajarlo del auto, lo subieron a una camioneta y amordazaron y le taparon la cara con cobijas, mientras otro delincuente condujo su auto.
Los criminales se lo llevaron con rumbo desconocido.
En una casa de seguridad los delincuentes, que en todo momento amenazaban con matarlo, le quitaron sus identificaciones y revisaron todos sus mensajes y contactos en el celular.
Posteriormente, lo torturaron dándole golpes en los glúteos con una tabla. Querían que les proporcionara nombres, direcciones y todos los datos posibles de amigos y familiares.
A éstos les exigieron un pago de 250 mil pesos, recursos que deberían reunir en menos de 48 horas. Luego redujeron la cantidad a 50 mil y al final terminaron aceptando un monto de 27 mil pesos.
Cuando soltaron a Ramón, le advirtieron que si denunciaba irían contra su familia cercana y le recordaron que ya tenían todos los datos y direcciones sobre dónde viven, en qué trabajan, etcétera.
Ese tipo de secuestros se ha replicado en diversas colonias populares y de clase media de los municipios metropolitanos de San Nicolás, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, Apodaca y Benito Juárez, por mencionar los principales.
El estudio de la UANL reporta que en la zona metropolitana de Monterrey, en los últimos dos años, se han cometido secuestros en 172 colonias.
En el caso de los secuestros “tradicionales”, el promedio del pago por el rescate fue de 250 mil pesos, y en los “exprés” la cantidad promedia los 25 mil pesos.
También se estima que al menos 6% de los plagiados fueron asesinados, así que esos casos pasaron a engrosar el número de los desaparecidos que son buscados por organizaciones civiles como Ciudadanos en Apoyo a los de Derechos Humanos (Cadhac).
El secuestro, subraya la investigación de la UANL, produce daños psicológicos en las víctimas y sus familiares, genera un estado de crisis emocional, lo cual repercute en la situación económica, laboral, académica y social.
El estudio de la UANL enfatiza que los secuestros y las privaciones ilegales se han convertido en la peor tragedia para las familias del país, debido a que en muchos casos las mujeres son violadas, en otros los hombres son mutilados y en todos los secuestros las familias quedan en la ruina después de pagar los rescates.
Patricia Cerda plantea que la Ley de Víctimas debería incluir un apartado especial y fondos para que se apoye a estas familias que han padecido un secuestro.
En Nuevo León se priva de su libertad a más de 80 personas por mes, contando los casos que no se denuncian, y la amenaza de ser víctima de un secuestro se presenta indistintamente en todas las clases sociales, debido a que es el delito con mayor crecimiento, concluye la investigación de la UANL. Por cierto, el estudio se elaboró con estadísticas de la propia PGJE y esa es una realidad que refuta las cuentas alegres que ofreció Medina de la Cruz en su último informe.
