Al menos 54 municipios usan sus recursos federales para pagar la deuda causada por la compra de votos de 2012

Fernando Franco
El Economista

Al menos 54 gobiernos municipales del país destinan la totalidad de las participaciones (Ramo 28) que reciben del gobierno federal para pagar su deuda, según registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con datos al segundo trimestre del 2014, estos ayuntamientos corresponden a nueve estados: Michoacán, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Jalisco, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz.

Michoacán concentra 17 de los 54 municipios, seguido de Aguascalientes y Nuevo León, con nueve en cada caso; San Luis Potosí, con siete; Coahuila, con cinco; Jalisco, con tres; Tabasco, con dos, y Veracruz y Quintana Roo, con uno en cada caso.

Si bien la lista la conforman localidades pequeñas, también existen demarcaciones de gran importancia económica o turística. Entre ellas están Guadalupe, Apodaca y Santiago, Nuevo León; Solidaridad (Playa del Carmen), Quintana Roo; Tonalá y Puerto Vallarta, Jalisco; Torreón, Coahuila, así como Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro y Uruapan, Michoacán.

“Los porcentajes de participaciones afectados por los municipios corresponden a los recursos depositados por la Tesorería de la Federación o tesorerías estatales, por instrucción de dichos municipios, a un vehículo de pago (fideicomiso) o los recursos que, en su caso, se utilizan para pagar una obligación bajo un mandato o una instrucción irrevocable enviada por los mismos”, explica la SHCP en su informe.

En otro grupo existen alcaldías de magnitud económica relevante que destinan más de 50%, pero menos de 100% de sus participaciones para cumplir con sus obligaciones financieras. Entre ellas están Aguascalientes (92.5%), San Luis Potosí (84%), Benito Juárez -Cancún- (76%), Monterrey (75.4%), Tijuana (72%), Zapopan (68.6%), Durango (64%) y Chihuahua (63.9 por ciento).

Camisa de fuerza presupuestal

De acuerdo con Carlos González, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), las finanzas de un estado o municipio están “atadas de manos” cuando los recursos federales que reciben vía participaciones se van en su totalidad a pagar el servicio de la deuda (intereses más el pago del principal).

“Comprometes la mayor parte de tus ingresos, al menos los que no están etiquetados para un tema en específico que, al final de cuentas, es el margen de maniobra que tienes para ajustar tu presupuesto”, comentó.

En opinión de Flavia Rodríguez, analista de Finanzas Públicas para la consultoría aregional, tener una partida menor de la prevista genera un círculo vicioso: “Al no tener presupuesto para cumplir con tus obligaciones, particularmente las operativas, te ves en la necesidad de recurrir a más deuda, que por lo general es a cuesta de menor gasto productivo”.

La deuda de los 2,440 municipios y sus organismos ascendió a 54,670 millones de pesos al segundo trimestre del año. Del monto neto, alrededor de 88% tiene como garantía las participaciones.

Cabe destacar que los recursos de las administraciones locales provienen en casi 90% de la Federación.

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