Víctor Fuentes
Reforma
Cd. de México (10 junio 2014).- En la disputa legal por los problemas con la Línea 12 del Metro, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) decidió tomar la ofensiva.
El GDF promovió el pasado 24 de abril una demanda de acción declarativa ante el Juzgado 61 Civil del Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF), cuya finalidad es que la jueza declare que, a la luz del contrato de obra pública a precio alzado, todos los trabajos que el consorcio ICA-Alstom-Carso calificó como extraordinarios en realidad formaban parte de dicho contrato.
A finales de 2012, el consorcio había presentado una demanda ante la jueza 41 Civil, Ana Mercedes Medina, para exigir el pago de 3 mil 835 millones de pesos por trabajos extraordinarios en la Línea 12, de los que 3 mil 186 millones de pesos correspondían a ICA y el resto a sus socias.
Sin embargo, ese juicio ya no está en curso, confirmaron fuentes cercanas al proceso.
La razón es que el 23 de abril de 2013, la jueza 41 ordenó a las partes someterse a un proceso previo de conciliación contractual fuera de juicio, por el que en diciembre de 2013 se acordó que un especialista independiente resolvería si hubo trabajos adicionales.
«El 16 de enero de 2014, se emitió la opinión de un experto que confirmó que se habían realizado obras adicionales y extraordinarias fuera del ámbito del contrato. No obstante la opinión del experto, el proceso de conciliación concluyó sin el cumplimiento de la resolución que se acordó», explicó ICA a sus accionistas en su informe anual de 2013.
El pasado 9 de mayo, el consorcio presentó una nueva demanda civil por incumplimiento de contrato contra el GDF, pero ya no ante el TSJDF, sino ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil.
Registros oficiales indican que la juez federal Irma Rodríguez Franco se declaró incompetente para conocer del caso, resolución que fue apelada el 21 de mayo por el consorcio y está a revisión en el Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil.
En tanto, la clave de la nueva demanda del GDF es que el contrato con el consorcio fue firmado en la modalidad de precio alzado, que de acuerdo con la Ley de Obras Públicas, «no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos».
Las modificaciones en los montos previstos para estos contratos sólo se permiten cuando hay circunstancias económicas generalizadas, ajenas a la voluntad de las partes, sin que sea posible permitir pagos por trabajos adicionales que tengan por objeto modificar o subsanar omisiones o errores del contratista en el proyecto ejecutivo contratado.
