Todos estamos en manos de los asesinos. De acuerdo con las declaraciones ministeriales que forman parte del expediente de la podridísima PGR sobre el caso Ayotzinapa –a las que tuvo acceso Proceso-, en la trama de lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre en Iguala se entrelazan las trapacerías de mandos y tropas del Ejército que contribuyeron a crear el clima de impunidad criminal que desembocó en los asesinatos y las desapariciones forzadas de los normalistas guerrerenses. Los testimonios muestran que la podrida PGR conocía incluso la actividad delictiva de los Abarca y la red de corrupción de la cual aún trata de zafarse, ante la opinión pública, el procurador (de injusticia) Murillo Karam.
Jesús Murillo Karam, está ridículamente empecinado en atribuir toda la responsabilidad de la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa al crimen organizado en colusión con autoridades municipales, a fin de mantener a la gente «calladita y cooperando».
Sin embargo, exiten muchos elementos para evidenciar la responsabilidad de mandos militares en la masacre que, por cierto, dejó en claro una vez más porqué también se empecinaron en el fraude electoral de 2012.
El expediente del caso (más de 50 tomos) contiene declaraciones ministeriales rendidas por los testigos e inculpados ante agentes de la podrida Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como ante la podrida Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, donde se advierte que por lo menos los comandantes de los batallones de infantería 27 y 41, de Iguala y Teloloapan, así como de la Octava Región Naval, con sede en Acapulco, estuvieron alcahueteando la corrupción y la capacidad de fuego del cártel Guerreros Unidos, al que la ridícula PGR atribuye la masacre.
La penúltima semana de 2014 el priista César Miguel Peñaloza, quien descaradamente funge como «el presidente municipal de Cocula» permaneció en instalaciones de la SEIDO para rendir su SEGUNDA declaración ministerial. La dependencia pretendía inculparlo, pero el Juzgado Primero en Procesos Penales con sede en Matamoros, Tamaulipas, ordenó su liberación por falta de pruebas. Como siempre, enredando las cosas para garantizar la impunidad de semejantes criminales.
“Altos funcionarios” de la Secretaría de la Defensa Nacional (del narco y la oligarquía, que para el caso es lo mismo) ejercieron presión sobre Peñaloza, desde que llegó al cargo en octubre de 2012, para que designara titulares de la Dirección de Seguridad Pública municipal al teniente Tomás Bibiano Gallegos y el mayor Salvador Bravo Bárcenas, ambos retirados, según publicó el pasado 30 de diciembre el diario La Jornada.
El primero fue asesinado en noviembre de ese año y el segundo está libre bajo reservas de ley, tras declarar como testigo el pasado 15 de octubre ante la SEIDO. Es decir, la rebatiña no se dejó esperar y el cártel más sangriento sale vencedor.
Basado en el artículo de GLORIA LETICIA DÍAZ, 3 DE ENERO DE 2015. de la Revista Proceso
