Jesusa Cervantes denuncia las trapacerías que se avecinan con la traición energética, y pese a ello insiste en referirse a los criminales que las ejecutarán como «gobierno federal», «ejecutivo», etc. Parece contradictorio que a pesar de las evidencias exhibidas una y otra vez en artículos como este, los propios denunciantes legitimen a los delincuentes en lugar de llamarlos por lo que son: CRIMINALES.
La iniciativa presidencial [¿?] para modificar las leyes energéticas es una coladera de petróleo y de dinero. Si se aprueba tal como la mandó Peña Nieto, las empresas podrán negociar cuánto pagan de impuestos y cuánto hidrocarburo le dejan al país. Sólo tienen que convencer a la Secretaría de Hacienda, encabezada por un incondicional del presidente [¿?] . Chevron, por ejemplo, supuestamente ya sondeó la posibilidad de hacerse con 85% de la renta petrolera.
Jesusa Cervantes
Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Si las leyes secundarias de la reforma energética se aprueban tal como las propuso el gobierno federal [¿?], llevarán a la firma de “contratos leoninos, hiperfavorables para las compañías” y con grandes desventajas para la nación.
Las razones son la discrecionalidad con que podrá actuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el hecho de que la renta petrolera que recibirá el gobierno no está claramente fijada y la opacidad acerca de los ingresos que obtendrían las empresas privadas gracias a la reforma.
Los nuevos tipos de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos (licencia, de producción compartida y de utilidad compartida) que se permitirán en caso de aprobarse la nueva reglamentación también pueden poner de rodillas al país, advierten Fluvio Ruiz, consejero independiente de Petróleos Mexicanos, y su equipo de trabajo.
“Tienen una visión muy chata y no de largo plazo. Ellos (el gobierno [¿?]) piensan en el mercado y dicen ‘¿Cómo hago para ser más competitivo que Nigeria, Perú, Indonesia? Pues bajando mis costos y así la inversión vendrá aquí; no se irá a otros países’. Finalmente, la competencia es ver quién se pone de rodillas y se agacha más abajo”, reclama Ruiz.
El consejero revela incluso que, ante la falta de precisión en las propuestas, una empresa trasnacional, Chevron, ya sondeó la posibilidad de quedarse con 85% de la renta petrolera.
La discrecionalidad en los porcentajes que fijará la Secretaría de Hacienda, según le permite la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH), puede dañar al país: “Pudieron haber establecido varios porcentajes en la ley reglamentaria. No lo hicieron. Pudieron precisar que el Estado no se llevará menos de 50% del volumen o del valor de la producción, pero se negaron. Eso sería un reparto justo en términos de la industria petrolera”.
Con estas leyes, añade el consejero de Pemex, “el régimen fiscal tú lo manipulas como quieres, depende del cuate que lo haga, depende de la Secretaría de Hacienda. Si ellos son muy entreguistas van a poner un régimen fiscal muy bajo”.
En el medio petrolero “régimen fiscal” se refiere a las prestaciones que recibirá el Estado gracias a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Nada tiene que ver con el régimen tributario, de pago de impuestos. Es decir, el régimen fiscal para los nuevos contratos será el porcentaje de la renta petrolera que obtendrá uno y otro participante.
