Víctor Fuentes
Reforma
Cd. de México (14 mayo 2014).- Un tribunal federal desechó en definitiva la demanda de amparo que un grupo encabezado por el senador Manuel Bartlett Díaz promovió para impugnar la «reforma» energética.
La demanda había sido admitida a trámite el pasado 29 de enero, de manera sorpresiva, por el juez de Distrito Fernando Silva García, quien consideró que era posible impugnar por esta vía el procedimiento de reformas a la Carta Magna.
Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa notificó hoy la sentencia en la que revocó el auto admisorio dictado por Silva García y desechó la demanda, por notoriamente improcedente, al declarar fundada una queja de la Consejería Jurídica de Presidencia de la República.
Este era el único juicio en curso contra la reforma energética, y había provocado que el juez Silva García requiriera informes justificados a todos los Congresos del País, así como todas las autoridades federales que intervinieron en el proceso.
Los magistrados Joel Carranco, Carlos Ronzon y Julio Hernández Fonseca determinaron que el artículo 61 de la nueva Ley de Amparo expresamente prohíbe este recurso para impugnar «adiciones o reformas» a la Constitución.
«Si el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución, por mayoría de razón dicha hipótesis se debe aplicar a los actos correspondientes al procedimiento de reforma de los preceptos Constitucionales, que ni siquiera pueden causar agravio a los gobernados, pues el eventual agravio lo causa su resultado final, es decir, la norma reformada», sostuvo el Tribunal en su sentencia inapelable.
Los magistrados se basaron en jurisprudencia reciente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, según la cual la Constitución no puede ser objeto de control por parte de los tribunales.
Si bien el fallo fue notificado hoy, la sesión en la que se aprobó el proyecto respectivo fue la del pasado 8 de mayo.
Un día antes de la sesión, Bartlett presentó un escrito a la Corte para solicitarle el ejercicio de su facultad de atracción e impedir que el tribunal colegiado se pronunciara sobre el tema.
Aunque el senador no estaba legitimado para solicitar la atracción, facultad reservada a la PGR o los tribunales colegiados, la Presidencia de la Corte había dado trámite a la petición, que fue enviada a la Segunda Sala, misma que ya no podrá resolverla.
En el pasado, una minoría de Ministros ha considerado que el amparo sí es procedente para analizar posibles vicios en los procesos de reforma Constitucional, aunque esos pronunciamientos fueron hechos cuando estaba vigente la anterior Ley de Amparo, que no prohibía las demandas de manera expresa como sí lo hace la norma vigente.
Además de Bartlett, el amparo fue promovido por David Monreal Avila, Layda Sansores, Adán Augusto López Hernández y Ernestina Godoy Ramos.
