México, 27 de mayo 2016 (NOTIGODÍNEZ).- El asesino de Atenco ha logrado lo que parecía imposible: superar las cifras rojas del genocida Felipe Calderón en poco más de la mitad del tiempo que al segundo le llevó acumularlas. Desde matanzas hasta desaparición forzada de activistas, el actual régimen usurpador es ya, sin duda, el más sangriento de la historia… y aún no concluye. Pero lo peor es que la pesadilla no terminará cuando Peña Nieto salga de Los Pinos, lo que mucha gente comodina supone será la «solución». Su sucesor, también espurio, seguirá en la misma tónica de represión y terrorismo social, porque de otra manera la mafia que los impone no podría sostenerse en el poder.
De acuerdo con el informe “Diez años de desaparición forzada por motivos políticos en México 2006-2016”, presentado ayer por el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, en lo que va del espuriato peñista se han reportado 83 casos de desaparición forzada de defensores de derechos humanos y luchadores sociales, contra los 56 registrados en el régimen usurpador de Felipe Calderón.
Peor aún, según el citado informe, en los 139 casos hay una «terrible impunidad» y además ya fueron eliminados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que está a cargo del «gobierno federal» actualmente usurpado por Enrique Peña Nieto y cómplices.
Lo anterior refleja que la desaparición forzada es una práctica sistemática del «Estado» usurpado, con el fin de inhibir el activismo y la organización social en defensa de los derechos humanos. Claro, si los delincuentes se imponen a sangre y fuego, sólo de esa manera pueden mantenerse en el poder y por ello los derechos humanos, o cualquier otro, les estorban.
En tal sentido, Nadin Reyes, integrante del Comité «Hasta Encontrarlos», confirmó que la desaparición forzada no es una práctica aislada sino que forma parte de los «mecanismos del gobierno» para generar terror en la sociedad. Por ello, las organizaciones no gubernamentales seguirán visibilizando y denunciando la gravedad de las desapariciones forzadas en México.
Por su parte, Alan García Campos, integrante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), señaló que nuestro país ha ratificado los acuerdos y tratados internacionales sobre desaparición forzada y aceptado las visitas de relatores, lo que, por obvias razones, ha generado tensiones con las «autoridades» espurias.
Ayer miércoles se cumplieron 20 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de policías municipales de Iguala, policías federales y en presencia de elementos del Ejército Mexicano, es decir, un crimen perpetrado por fuerzas del «Estado» usurpado.
Hasta el momento se desconoce el paradero de los 43 normalistas.
Con información de Revolución 3.0
