¿LISTOS PARA EL FRAUDE? Avala INE propaganada ILEGAL en redes del priista de origen chino Miguel Ángel Osorio Chong

México, 4 de octubre 2016 (NOTIGODÍNEZ).- Pese a que la reciente propaganda electorera que realiza Miguel Ángel Osorio Chong es violatoria del artículo 134 Constitucional, el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló que el sujeto siga promocionándose en su intención de ser candidato presidencial por la banda del «Partido Revolucionario Institucional» (PRI), aún cuando todavía ostenta el cargo de «secretario de gobernación» del regimen usurpador del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto.

Claro, si el régimen es ilegal de suyo, ¿qué más da que sus «funcionarios» sigan violando todas las leyes que les dé la gana? Con esto se acredita, por enésima vez, que los sujetos que ocupan las instituciones de este país no son «funcionarios» ni «autoridades». Son DELINCUENTES y a los delincuentes nunca les ha interesado respetar las leyes.

De acuerdo con el diario La Jornada, la Comisión de Quejas del INE determinó, por dos votos a favor y uno en contra, avalar el proyecto del área ejecutiva que planteaba permitir a O. Chong continuar con su autopromoción en redes sociales, argumentando que la misma está siendo financiada con recursos privados.

«No hay impedimento para que los servidores difundan opiniones a través de videos pagadas con recursos privados siempre que no sea promoción personalizada”, se asegura en el proyecto.

Sin embargo, los criterios que el Tribunal Federal Electoral establece como relevantes sobre el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan textualmente que:

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Fuente

Las «consejeras electorales» Adriana Favela y Beatriz Galindo argumentaron, en defensa de Osorio Chong, que «para ver información en redes sociales se requiere la voluntad del ciudadano, porque se debe tener una computadora, acceso a Internet e incluso tener una cuenta en Twitter y Facebook».

“Qué lástima que las personas no entiendan lo que estoy diciendo. Una cosa son los promocionales en televisión. Eso es distinto a lo que son las redes sociales. Para eso necesitas tener la voluntad de acceder a esa información”, insistía la tal Favela, citada por La Jornada.

En respuesta, la simuladora «consejera» Pamela San Martín, quien votó contra el proyecto, precisó que el artículo 134 constitucional prohíbe que aparezca la imagen, voz, nombre o símbolos alusivos a un funcionario con fines de promoción personalizada y sin importar si esto se hace en televisión, radio o redes sociales.

San Martín hizo ver la falacia en el argumento de sus «colegas», pues toda propaganda requiere de un medio para ser difundida y sus intenciones no dependen de tal medio. En el caso de los comerciales de la televisión, se requiere, en efecto, un aparato de televisión, luz y antena para recibir la transmisión.

Peor aún, la cuenta en la red social Twitter que Osorio Chong aprovecha para promocionarse, es la cuenta institucional del «secretario de gobernación» —cargo que usurpa— y es visible para todo el público, igual que los comerciales de televisión.

Repetimos: Osorio Chong no es «secretario de gobernación», «funcionario» ni «servidor público». ES UN DELINCUENTE Y, COMO TAL, SIMPLEMENTE SE DEDICA A DELINQUIR.

Con información de La Jornada

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