México, 30 de abril 2019 (NOTIGODÍNEZ).- En casi cuatro años de operación, la «Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción» creada por la priista Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, «gobernadora» de Sonora, ha costado a los habitantes del Estado más de 242 MILLONES DE PESOS, pero sólo ha logrado emitir… ocho sentencias.
De acuerdo con la agencia Proceso (Apro), se desconoce el resultado de esas sentencias –si han sido absolutorias o condenatorias–, pero en promedio han costado al erario estatal unos 30.3 MILLONES DE PESOS, totalizando 242.8 MILLONES DE PESOS erogados en tres años y siete meses de operación, según cifras del propio gobierno.
Citando un informe estadístico emitido por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) y los Presupuestos de Egresos estatales de 2016, 2017, 2018 y 2019, Apro detalló que la nueva fiscalía ha recibido 631 denuncias en 46 meses, desde el 29 de septiembre de 2015, cuando fue creada por orden de Pavlovich.
El informe de la FAS, dirigida por el priista Odracir Espinoza Valdez, presenta una serie de cifras incongruentes y claramente falseadas, según la revisión realizada por el medio aquí mencionado.
Indica, por ejemplo, que hasta ahora han resuelto 249 expedientes, de los cuales se obtuvieron 54 órdenes de aprehensión, 57 consignaciones ante la autoridad judicial en 25 averiguaciones previas, 27 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y 14 personas imputadas en 12 carpetas de investigación.
No obstante, según los datos del propio informe, apenas ocho individuos han sido sentenciados, sin detallar si los fallos en dichas sentencias fueron absolutorios o condenatorios.
Asimismo, presume que ha citado a comparecer a 2 mil 523 personas, ha asegurado 581.1 millones de pesos entre bienes muebles e inmuebles y ha firmado más de 15 convenios reparatorios.
Pero aún más ridícula es la cifra de 25 mil 650 diligencias ejecutadas en mil 308 días de actividades, esto es, 19.6 diarias… pasando por alto que el personal de la fiscalía descansa sábados y domingos.
Apro detectó que, con todo y sus cuentas del gran capital, el departamento jurídico de la FAS mostró un pobre desempeño, ya que, de 464 juicios de amparo interpuestos, sólo se le han concedido nueve, le han negado 327 y restan 128 por resolver. Además, de las 631 denuncias sólo le han concedido la autorización para ejecutar nueve cateos.
Con información de Apro
