Pedro Matías
Proceso
OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).- El albergue Hermanos en el Camino, fundado por el sacerdote católico Alejandro Solalinde, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que vigilen el “Programa Frontera Sur”, pues entre agosto y septiembre se han documentado 57 agresiones a migrantes, así como cuatro ataques a defensores de derechos humanos.
El representante del albergue con sede en ciudad Ixtepec, Alberto Donis Rodríguez, informó que el caso más reciente es la agresión a cuatro integrantes de Hermanos en el Camino por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para impedir documentar los abusos de autoridad cometidos contra migrantes centroamericanos.
En consecuencia, los activistas Irineo Mujica Arzate, Marlene López, Gonzalo González y Armando Medina presentaron una denuncia penal en la Fiscalía de Atención a Migrantes ubicada en Ciudad Ixtepec, en contra del Instituto Nacional de Migración, Oaxaca, según consta en el legajo de investigación 4451/FM.
Además, los integrantes del albergue Hermanos en el Camino presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que inició una investigación por “la brutalidad de los hechos” y acordó brindar acompañamiento al caso.
Resaltó que desde que el gobierno de Enrique Peña Nieto implementó el “Programa Frontera Sur”, el albergue ha sufrido distintas agresiones cometidas en contra de migrantes en los operativos realizados por el INM por parte de los agentes del organismo, las policías federal, estatal y municipal, así como de grupos de la delincuencia organizada.
Para reforzar su dicho, dijo que “desde el mes de agosto a la fecha tenemos el registro de 57 persona agredidas por delitos graves como robo, extorción, violación sexual y lesiones, es decir, el ‘Programa Frontera Sur’, ha aumentado cerca de un noventa por ciento estas agresiones”.
Mencionó que debido a la violación de una mujer en Chahuites, personal del albergue comenzó a documentar las agresiones ocurridas en la zona del Istmo de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Luego de externar su “preocupación e indignación por las formas indignas de trato hacia las personas migrantes y defensores de derechos humanos por parte de Agentes del Instituto Nacional de Migración”, relató que el pasado jueves 18 de septiembre, Albergue Irineo Mujica Arzate, Marlene López, Gonzalo González y Armando Medina fueron agredidos.
Ese día, abordaron el tren Ciudad Ixtepec, Oaxaca a Medias Aguas, Veracruz con el fin de documentar las agresiones que el Instituto ha cometido contra la población transmigrante en el marco del “Programa Frontera Sur”.
Fue precisamente en el poblado de Chivela donde en un operativo del INM y del Ejército fueron agredidos voluntarios del albergue.
Marlene López fue la primera persona agredida, rodeada por siete agentes de migración, sometiéndola con violencia, sin permitirle que hablara y explicara los motivos de su presencia, relató.
Gonzalo González, quien anteriormente acompañó la Caravana-Peregrinación por el Diálogo, en junio de este año, sufrió lesiones en ambas rodillas y tobillo derecho.
Se les pidió a los agentes del INM que no lo tocaran, pues recién había salido de una intervención quirúrgica, y aun así lo aventaron a la fuerza, estrellándolo contra la puerta de uno de sus vehículos. Le dieron una patada en el tobillo para tirarlo, cayendo de rodillas, mientras le dijeron: “Te tenemos que detener putito”.
Mientras que a Armando Medina, quien acompañó el ayuno y oración por el éxodo de la niñez migrante en agosto de este año, en el Distrito Federal, fue agredido por tres agentes de migración. Uno lo detuvo con violencia para que otro le quitara la cámara Sony Handycam plateada, y un tercero lo golpeara en el pecho.
Y a Irineo Mujica, quien también llevaba cámara, lo detuvieron dos personas de migración, haciendo uso de la fuerza para robarle su equipo de video Panasonic JVC, además de golpearlo, intentar asfixiarlo y lastimarlo en los brazos.
El albergue exige les devuelvan las cámaras fotográficas y de video que se llevaron los agentes del Instituto Nacional de Migración, así como su contenido grabado; y se sancione a las autoridades agresoras.
