Sandra Cervantes / El Economista
Tijuana, BC. El impacto de la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las empresas de la frontera se estima en una baja en ventas de entre 17 y 20%, así como el cierre de 300 negocios, que implican la pérdida de 3,500 empleos.
“Hemos estimado que para finales del año se hayan perdido 30,000 empleos (por esta situación)”, alerta José Luis Contreras Valenzuela, vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, quien se encargó de aportar las pruebas periciales al juicio de amparo colectivo contra la medida fiscal.
De acuerdo con el grupo de economistas que coordina, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son las que más han resentido el incremento en el impuesto de 11 a 16 por ciento.
“Estamos estimando una baja en el consumo de 17%; de hecho, el trabajo que hicimos ha reflejado una gran consistencia con los datos que maneja el Colef (Colegio de la Frontera Norte), y esto obviamente va a impactar a otras ramas de la actividad económica”, advierte.
Refiere que al desaparecer la figura del Régimen de Pequeños Contribuyentes muchos negocios también cerraron sus puertas —pues no podían cumplir con las normatividades— o bien, se fueron a la informalidad.
“Los gasolineros, por su parte, informaron que seis estaciones de servicio cerraron y con ello 160 empleos. Eso aunado a que no se ha generado empleo de calidad en la región, los niveles de remuneración son muy bajos y queda claro que el salario mínimo no alcanza para sufragar la canasta básica”, enfatiza.
De acuerdo con los estudios de este grupo de economistas, el salario mínimo en Baja California (67.29 pesos) apenas cubre 33% del costo de la canasta alimentaria básica; es decir, sin contar gastos de servicios, renta, transporte y muchos otros.
“¿Cómo podrá la población subsanar ese costo de bienes y servicios? Pues reduciendo los niveles de consumo, que es lo que viene a repercutir en las empresas, sobre todo a las mipymes locales, las cuales además bajan su rentabilidad alrededor de 20%”, apunta.
EFECTO DOMINÓ
En el caso del sector comercio, detalla, la afectación se refleja en el encarecimiento de productos, “donde el negocio disminuye sus niveles de utilidad, tendiendo a desaparecer en el mediano o largo plazo, así como muchos de los insumos de los productos están tendiendo a encarecerse con un consecuente incremento en el costo”.
“Hicimos una encuesta en establecimientos de comida y muchos coinciden en que los insumos se encarecieron arriba de 20 por ciento. Muchos no han podido aumentar los precios, absorbiendo parcialmente este incremento, pero manifiestan la imposibilidad de mantener esta situación porque les merma las posibilidad de subsistir en el mercado”, dice.
Para el caso de aquellas empresas locales que solían ser proveedoras de la industria, la reforma fiscal también se convirtió en un inhibidor, pues al exigirles controles más estrictos que muchas de las veces no se pueden cumplir, quedan fuera de toda posibilidad de ser parte de la cadena de proveeduría.
“Requisitos como no tener adeudos ni convenios con el fisco ni con el Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) ni el Seguro Social, entre otras cuestiones, y aquí lo que está haciendo la autoridad es convertir a las maquiladoras en policías fiscales. Las está obligando a fungir como tales”, considera Contreras Valenzuela.
