México, 4 de diciembre 2017 (NOTIGODÍNEZ).- Ante la bárbara ofensiva del régimen usurpador del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, para imponer la mal llamada «Ley de Seguridad Interior» -mamotreto fascista dirigido a «legalizar» la militarización del país de cara al fraude de 2018-, ciudadanos impulsan una propuesta de cerco alrededor del «Senado de la República» donde mañana habrá sesión para avalar ese engendro.
A través de la red social Facebook, el colectivo Desobediencia Civil MX convocó a sus seguidores y ciudadanos en general a presentarse mañana martes 5 de diciembre en la sede del «senado», ubicada en Avenida Paseo de la Reforma No. 135 -casi esquina Insurgentes-, colonia Tabacalera de la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
La cita es a las 8 de la mañana y se requiere que asista la mayor cantidad posible de ciudadanos para impedir a los usurpadores del senado ingresar al recinto, evitando así que hagan su farsa de sesión para avalar su vandalismo «legislativo».
Como en acciones similares, se llama a los participantes a conducirse de manera pacífica en todo momento, atendiendo los llamados a permanecer sentados y no caer en las provocaciones de los infiltrados.
Entre las alarmantes disposiciones que contempla la «Ley de Seguridad Interior» se incluye la facultad del usurpador en turno para «intervenir en zonas de conflicto», usando al Ejército y la Marina prácticamente a discreción exclusiva suya. En este caso, quien ocupe la Presidencia podrá recurrir a un protocolo simulador para iniciar la intervención en un plazo de 72 horas o, si existiese una «amenaza de grave peligro», estará facultado para ordenar la militarización inmediata de los territorios en cuestión.
En tal sentido, el régimen usurpador también podrá suspender derechos y garantías individuales a discreción, si la propia «autoridad» determina que se ha presentado alguna situación de «perturbación a la paz pública o grave riesgo para la sociedad civil».
Asimismo, se faculta a las Fuerzas Armadas y Federales para realizar todo tipo de «labores de inteligencia» en materia de seguridad interior, incluyendo la aplicación de métodos ilícitos para la recolección de información si ésta se justifica y lleva a cabo «con pleno respeto a los derechos humanos».
