México, 1 de agosto 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Todas las corporaciones de «seguridad», incluyendo al Ejército Mexicano, se han envilecido como nunca en su historia con la llegada ilegítima del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, al poder.
El diario Reforma confirmó hoy que la Policía Federal (PF) ha asesinado a más civiles –presuntos miembros del crimen organizado– que los que ha detenido en los sangrientos «operativos» en los que ha participado, durante el espuriato de Peña Nieto.
Según el citado diario, en lo que va del actual régimen usurpador la PF ha reportado 290 «enfrentamientos» con grupos de la delincuencia organizada, registrando un saldo de 278 presuntos criminales muertos y 269 detenidos. No obstante, la cifra cobra relevancia por las recientes masacres a quemarropa de civiles desarmados, en las que también ha participado el Ejército.
Apenas el 22 de mayo pasado, en Tanhuato, Michoacán, policías federales mataron a 42 presuntos criminales y sólo detuvieron a tres en un supuesto enfrentamiento. Sin embargo, las imágenes que cirularon en medios de comunicación dejaban lugar a dudas sobre la procedencia de las armas mostradas en la escena del crimen.
Juan Salgado, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo en entrevista con Reforma que si «los controles de confianza no han cambiado, entonces México tiene policías más matones o hay responsabilidad de los mandos».
«Detrás de todo esto hay un problema, o de supervisión policial, que hubo omisión y los mandos no se dieron cuenta de qué pasó, o, lo que es igualmente grave, el mando les dijo mátenlos a todos», señaló el especialista del Cide.
Asimismo, consideró que el incremento de prácticamente el doble de muertos por cada detenido presenta elementos suficientes para que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Desde luego que dicha instancia no «intervendrá» –lo que sea que eso signifique– y aunque simulara hacerlo, en realidad absolutamente no haría absolutamente nada porque también está usurpada y corrompida por un priista al servicio del propio régimen.
«La verdad es que no hay manera en la que la CNDH no haga, por lo menos, un informe especial. Dentro de sus facultades está que cuando hay una violación, que yo diría que si ya van tres años [de régimen usurpador] y estamos a este nivel, es grave y sistemática, tienen que actuar de oficio», confirmó.
«Si hablamos de lo jurídico, pues sí tenemos problemas con los derechos humanos, por ejemplo, porque se toman determinaciones, en lugar de llevarlos (a los criminales) a proceso», dijo por su parte Pablo Monsalvo, especialista en seguridad nacional, tras justificar esta matanza con el falso pretexto de la «guerra contra la delincuencia».
En ese sentido, el sujeto consideró importante que la PF demuestre que actuó en «legítima defensa» al «abatir» a antos presuntos delincuentes, aunque reconoció que hasta ahora este proceso no ha sido claro.
A su vez, Catalina Pérez Correa, también investigadora del CIDE, opinó que el problema es que en México no existe una política clara para regular el uso de la fuerza. Al contrario, cada vez se da más carta abierta a las corporaciones policiacas a reprimir con violencia a la ciudadanía.
«Si buscas datos de qué pasa después de un enfrentamiento pues no hay nada, no se hacen investigaciones, no se hacen públicos los datos, no sabemos qué pasa cuando hay un enfrentamiento», consideró.
Con información de Reforma
