Roberto Garduño
La Jornada
México, DF. La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncias por el homicidio de joven José Luis Alberto Tehuatlie en Chalchihuapan estado de Puebla.
Los legisladores pretenden que la CIDH adopte medidas cautelares para que ordene a las autoridades judiciales del país el deslinde de responsabilidades en torno al citado homicidio, y la Alta comisionada de la ONU envié un investigador a Puebla que rinda un informe y emita recomendaciones al gobierno de México.
Elena Tapia, Roberto López Suárez, Roxana Luna, José Luis Muñoz Soria, por el PRD, y la petista Loreta Ortiz demandaron al gobierno de Puebla que se atienda el origen del conflicto que propició la muerte del menor, se castigue a los responsables materiales e intelectuales y se libere a los habitantes del estado que permanecen encarcelados por participar en manifestaciones sociales.
Sobre particular el profesor de la Universidad Complutense, Pedro Pablo Mirralles Sangro, especialista en derecho a la manifestación, calificó de un “hecho tremendo” la muerte del joven y conminó a los mexicanos a impulsar su desarrollo democrático bajo tres ejes: derecho de opinión, derechos de expresión y derecho de manifestación.
