Jorge Escalante
Reforma
Guanajuato, México (25 mayo 2014).- La diputada priista Yulma Rocha Aguilar acusó que en Guanajuato prolifera la impunidad a favor de funcionarios señalados de incurrir en corrupción.
En entrevista, la legisladora se refirió al caso en el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió castigar a servidores públicos que se negaron a dar las nóminas que se pagan con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB).
La Secretaría de la Gestión Pública, que era encabezada por el actual «Gobernador» Miguel Márquez, cerró el caso argumentando que no existían elementos para sancionar a funcionarios que al final entregaron información falseada.
REFORMA publicó hoy que las entidades federativas solapan la impunidad de sus funcionarios al exculparlos de los castigos que promueve la ASF.
Rocha Aguilar afirmó que en la entidad existe una red de protección a servidores públicos.
«Está confirmado que en lugar de atender las recomendaciones para sancionar posibles actos de corrupción hay una red muy amplia de protección contra estos funcionarios y que ahora con el Gobernador Miguel Márquez, que antes fue Secretario de la Gestión Pública, no podemos esperar cosas distintas», señaló.
La priista se refirió también al caso del proyecto de seguridad Escudo, en el que una auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local detectó anomalías en la adjudicación directa de un contrato por 2 mil 700 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado a la empresa Seguritech.
Rocha Aguilar acusó que las acciones emprendidas por Márquez para combatir la corrupción son solamente estrategias de discurso.
«El discurso del Gobernador Márquez queda perfectamente superado por la realidad, este discurso a favor de la transparencia y rendición de cuentas se queda solamente en palabras, en discursos, porque en la realidad vemos acciones totalmente contrarias que atentan contra el buen uso de los recursos públicos», indicó.
«El sistema en general en Guanajuato se está quebrantando por diversos frentes, en la procuración de justicia, rendición de cuentas, y pretenden esconderlos con actos políticos y con campañas de valores, de transparencia, que al final fueron rebasados por la realidad. Es parte de este manto protector que se impone en Guanajuato para solapar actos de irregularidades», insistió.
