Enrique Galván Ochoa
La Jornada
El proyecto de conducción de agua potable « más importante y sin precedentes en su tipo en la historia de México» –según algunos– fue asignado a un consorcio integrado por cinco empresas, una de las cuales (Concretos y Obra Civil del Pacífico) pertenece a Juan Armando Hinojosa Cantú, el propietario formal de la mansión de Angélica Rivera. Una breve historia: a principios de septiembre Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey dio a conocer el resultado de la licitación para construir de 372 kilómetros de acueducto del proyecto Monterrey VI, el cual se cotizó en 14 mil 161 millones de pesos. Utilizará las aguas del río Pánuco para abastecer a la zona metropolitana de Monterrey. El acueducto se iniciará en San Luis Potosí y cruzará los estados de Veracruz y Tamaulipas hasta llegar a la presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares, Nuevo León. Las otras empresas del consorcio son la Controladora de Operaciones de Infraestructura, Desarrollos Rogar, EECSA, Concesiones, y Productos y Estructuras de Concreto.
Un atraco
«Es el robo del siglo», denuncia Cosijoopi Montero, presidente de la organización ambientalista Reforestación Extrema que, junto con otras organizaciones sociales han puesto una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos ambientales. «Los especialistas y científicos hablan de que el trasvase de agua entre cuencas es una práctica desaconsejada en el mundo. Significa aplicar tecnología del siglo XIX», asegura Montero. Por otro lado, el senador Raúl Gracia Guzmán, del PAN, presentó en el Senado un punto de acuerdo, el 26 de marzo de este año, para «Suspender de manera provisional el proyecto hidráulico Monterrey VI hasta que el gobierno informe de manera clara y concisa sobre los costos que implicará al estado de Nuevo León». El senador argumenta que el costo estimado de la obra por el gobierno de Nuevo León era de 13 mil 64 millones de pesos; sin embargo, el costo real en marzo ya había alcanzado la cifra de 17 mil 616 millones de pesos. “No deja claro –el gobierno– de dónde van a provenir esos recursos, al mismo tiempo que se afirma que para solventarla, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ‘hipotecará o bursatilizará sus ingresos, vía aumento de tarifas, que pagan cada uno de los usuarios, por los próximos 30 años”. También pide que se aclare si el fin de la construcción del acueducto es el abastecimiento de agua a la entidad o se trata de “la utilización del agua trasvasada para la fragmentación de rocas que contienen gas shale en la Cuenca de Burgos”.
Las influencias
No ha avanzado mucho la iniciativa del senador Gracia Guzmán. Se movieron las influencias.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, que consideró el 23 de abril que el proyecto del acueducto «es la mejor opción financiera, jurídica y técnica, e incluso se ha dicho que es una opción que se caracteriza por tener una notable sustentabilidad hídrica»; sin embargo, emitió un resolutivo donde el Senado exhortaría al director general de la Comisión Nacional del Agua y al gobernador de Nuevo León a enviar un «informe detallado sobre las características, implicaciones jurídicas y sociales, montos y características de inversión, presupuesto asignado para este ejercicio fiscal y demás información de interés vinculada al Proyecto Hidráulico Monterrey VI». Este resolutivo fue turnado a la mesa directiva del Senado para ser votado y, en su caso, hacerse efectivo, pero sigue en la congeladora legislativa.
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