Jorge Monroy
El Economista
Alrededor de 1,358 de los 2,445 municipios del país ya tienen actualmente acuerdo para el mando único policiaco, lo que significa que 73% de la población ya está bajo el sistema, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Sin embargo, en los hechos, el mando único no ha funcionado para detener la inseguridad en los municipios, y menos para impedir la infiltración de la delincuencia e autoridades municipales.
En materia de mando único policial, 31 entidades ya tienen incluidos a varios de sus municipios en ese esquema, son 1,358 ayuntamientos, es decir 73% de la población del país la está bajo el sistema, según el titular del SNSP, Jorge Carlos Hurtado Valdés.
La semana pasada, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que a la fecha, hay municipios, como los de Guerrero, que “no tienen los cuerpos de seguridad suficientes, necesarios, ni confiables, bien preparados, y que incluso, ahora se dice, ligados a la delincuencia”.
De acuerdo con el SNSP, hasta septiembre del 2014, en el país ya hay 24 estados con policías acreditables, estarían en falta Tamaulipas; Durango; Yucatán; Campeche; Guerrero; San Luis Potosí; Quintana Roo y Baja California Sur. El resto contaría ya con grandes adelantos de mando único; además de evaluaciones policiacas de control de confianza.
El caso iguala
El alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, sí firmó el mando único policiaco, sin embargo, el acuerdo se quedó en una firma, pues el edil hizo todo para impedir que los elementos policiacos estuvieran al mando del gobierno estatal.
Antes de solicitar licencia al Congreso para retirarse del cargo, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, aseguró que el mando único policial que se acordó implantar en varios municipios del estado en mayo pasado no se aplicó en Iguala, porque el alcalde, José Luis Abarca, se negó a ponerlo en marcha.
“Nunca asumimos nosotros el mando en la ciudad de Iguala y evidentemente ahora entendemos las razones por las que se mantuvo esa actitud negativa para que pudiera participar el gobierno del estado”, explicó.
En un comunicado del gobierno estatal, el 7 de mayo de este año, informó que “Acapulco, Chilpancingo; Iguala, Teloloapan, Tixtla y Zihuatanejo serían en ese entonces los primeros seis municipios en los que operará la policía con mando único”.
Debido a que no hay una ley federal que obligue a los municipios a permitir que sus policías tengan el control desde el estado, actualmente sólo se puede hacer mediante convenio entre ambas partes.
Sin embargo, en su primer y único Informe de Gobierno que presentó José Luis Abarca, engañó con el discurso de que: “El municipio de Iguala es uno de los dos municipios del estado que firmó el convenio para que entrara en operación el mando único, cuya finalidad es concatenar esfuerzos con las policías estatal y municipal para lograr mejor efectividad. Dicho convenio se firmó el 17 de junio del 2013”.
Sin embargo, el acuerdo se quedó en el papel, pues la noche del 26 de septiembre, sus elementos policiacos, en complicidad con sicarios de Guerreros Unidos, asesinaron a seis personas, hirieron a una veintena y desaparecieron a 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Abarca presumía que de sus 298 policías, sólo seis no habían pasado las pruebas de control de confianza, aunque en los hechos, la PGR demostró que por lo menos 22 policías de Iguala estaban coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
“El municipio de Iguala está considerado entre los más seguros y menos conflictivos, gracias al trabajo de la policía”, dijo en ese Informe de Gobierno.
Aseguraba en su informe que la Dirección de Policía cuenta con 298 elementos con 574 armas, 12 patrullas y 18 motopatrullas, “y pese a que son insuficientes, mantienen el orden y tranquilidad en el municipio”.
Tan sólo en Michoacán, este año han sido detenidos por la PGR seis presidentes municipales por nexos con la delincuencia: Uriel Chávez Mendoza de Apatzingán, PRI; Jesús Cruz Valencia de Aguililla, PRI; Dalia Santana Pineda de Huetamo, PRI; Salma Karrum Cervantes de Pátzcuaro, PRI; Arquímedes Oseguera Solorio de Lázaro Cárdenas, PRD, y José Luis Madrigal Figueroa de Numarán, PRD. En el caso de Guerrero, actualmente es buscado José Luis Abarca.
La seguridad federal no alcanza
El secretario de Gobernación advirtió que desde la Federación, “no nos alcanza a las instituciones federales para cuidar a todos los municipios, para cuidar a todos los estados”. Expuso que el gobierno federal apoya “a todas las entidades, pero también las entidades tienen que hacer fortalezas municipales para proteger a los ciudadanos”.
Un gobierno con seguridad y autoridades eficientes también permite un clima de competitividad y, en contraste, puede ser perjudicial cuando se cumplen esos requisitos. Por ejemplo, Poza Rica (Veracruz); Ensenada (Baja California); Juárez (Chihuahua); San Francisco del Rincón (Guanajuato); Tijuana (Baja California); Tehuantepec-Salina Cruz (Oaxaca); Matamoros (Tamaulipas); Rio Verde-Cd. Fernández (San Luis Potosí); Lázaro Cárdenas y La Piedad (Michoacán), así como Acapulco y Chilpancingo en Guerrero, son los municipios menos atractivos, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Guillermo Trejo, profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame, recordó -en un artículo publicado en El País- los casos de involucramiento del grupo delictivo Guerreros Unidos en Iguala, Guerrero, y los casos de soborno en Michoacán, donde el grupo delictivo Los Caballeros Templarios se apropiaba de 30% del presupuesto anual de obra pública de los municipios.
Expuso que para apoderarse de los municipios y sus contribuyentes, “los grupos criminales empezaron por doblegar a las autoridades locales. Mediante el soborno o la coerción, fueron subordinando a los presidentes municipales en las zonas de conflicto. Aunque en el imaginario nacional está más presente el soborno y la corrupción de los alcaldes, hay también una larga lista de autoridades municipales, candidatos y activistas políticos locales que han sufrido atentados o han sido asesinados por el crimen organizado”.
A decir del investigador, la infiltración a los municipios fue desde los cargos públicos municipales, de donde obtenían información que les permitiera extorsionar con mayor eficacia a los hoteles, restaurantes y pequeños negocios de las ciudades bajo su dominio, además de que han copado u obligado a los presidentes municipales.
Eje de la depuración policiaca
- Ingreso. Esta etapa es la del reclutamiento y selección. Para ingresar a la policía, debe ser preseleccionado y acreditar las evaluaciones de control de confianza: médica-toxicológica, psicológica, socioeconómica y poligráfica. Además, presentar exámenes técnicos de conocimientos y un examen físico, así como datos biométricos.
- Permanencia. Durante la permanencia en la policía, ser capacitado y evaluado continuamente.
- Promociones. Garantizar ascensos en tu carrera policial.
- Bajas. Si no pasan las pruebas de control de confianza, dar seguimiento de baja conforme a la ley.
Servicio de Carrera Policial. Incluye las etapas atrás señaladas: reclutamiento, selección, ingreso, ascensos, estímulos y reconocimientos. - Programa Rector de Profesionalización. Éste establece los planes y programas de estudio necesarios para la profesionalización.
- Régimen disciplinario. Comprende las correcciones y sanciones disciplinarias que deben aplicarse de acuerdo con la ley.
- Sistema Complementario de Seguridad Social. Es el respaldo que brinda prestaciones sociales adicionales para la mejora de la calidad de vida y tu protección ante cualquier eventualidad.
